El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió la captura del capitán Luis Emilio Sosa, acusado del fusilamiento de 19 guerrilleros presos en la base naval Almirante Zar, en la denominada Masacre de Trelew, de la que este miércoles se cumplen treinta y cinco años.

Sosa, un capitán de fragata retirado que cobra pensión militar, era jefe de la guardia de la base cuando los guerrilleros presos y desarmados fueron sacados de sus celdas y ametrallados, según los testimonio que brindaron tres de ellos que sobrevivieron al ser dados por muertos.

El funcionario hizo el pedido al ampliar esta martes su declaración ante el juez federal de Rawson, Jorge Pflejer, quien hace menos de dos años abrió por primera vez un expediente judicial sobre los fusilamientos.

Entre la documentación aportada al juzgado, Duhalde entregó el primer testimonio que dieron los sobrevivientes Maria Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar ante sus abogados cuando estaban internados reponiéndose de los balazos.

En dicho testimonio, tomado 13 días después de la masacre, los tres individualizaron a Sosa, que entonces tenía el grado de capitán de corbeta, como el jefe del guardia que les ordenó salir de la celda y alinearse "con la mirada baja y el mentón pegado al pecho".

Luego, ayudado por el capitán de corbeta Roberto Bravo, les disparó dos ráfagas de ametralladora a muy corta distancia.

"Hemos corroborado que Sosa fue ascendido en 1977 y pasó a retiro en 1981. En aquel entonces tenía 37 años, de modo que ahora debe tener 71 ó 72 años y cobra la jubilación militar", precisó Duhalde a Télam.

La versión oficial de la Armada y asumida por el gobierno militar fue que las muertes se habían producido durante un intento de fuga seguido por un fuerte tiroteo en el que, sin embargo, no hubo bajas entre los militares.

Los muertos en el fusilamiento fueron: Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Rubén Bonet, Eduardo Capelo, Mario Delfino, Carlos Del rey, Clarisa Lea Place, José Mena, Miguel Angel Polti, Ana María Villarreal de Santucho, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla, Susana Lesgart y Mariano Pujadas.

Todos ellos integraban un grupo de 19 guerrilleros que se habían entregado desarmados una semana antes, luego de fugarse del Penal de Rawson en un operativo de gran envergadura que no llegó a consumarse por completo.

Al no llegar a tiempo para subir a un avión de línea capturado y desviado a Chile con cinco de los más importantes jefes del ERP, FAR y Montoneros abordo, los guerrilleros se entregaron en el viejo aeropuerto civil, donde este martes será abierto un "espacio de memoria".

Luego fueron trasladados a la Base Naval Almirante Zar, donde se consumó la masacre, una semana más tarde. Ocho meses después, y en represalia por la matanza, un comando guerrillero mató en pleno barrio del Once al contralmirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto.

En sus memorias, llamadas "Mi Testimonio", el entonces presidente de facto Alejandro Lanusse corroboró la versión oficial, pero dijo haber ordenado al general Eduardo Betti, jefe de la IX brigada del Ejercito, que retornara a los presos a la cárcel de Rawson.

Su orden, dijo, no fue cumplida, por lo que "los trágicos hechos del 22 de agosto pusieron en evidencia que mis temores habían sido lamentablemente acertados". 

Fuente: Télam