La dificultad para encontrar un taxi en la ciudad es parte de la odisea diaria de los rosarinos, sobre todo en horas pico. La situación podría haberse solucionado al menos en parte, si los propietarios de los coches hubieran aceptado la disposición municipal de trabajar un mínimo de 16 horas diarias; pero como la Justicia falló a favor de los dueños que argumentaron falta de recursos para contratar a un chofer que cumpla el segundo turno, todo vuelve a foja cero y los usuarios de taxis deben penar para conseguir uno cuando lo necesitan.

Esta razón motivó a la Asociación Civil Usuarios de Servicios Públicos a exigir al Concejo Municipal que modifique la ordenanza vigente y permita la incorporación de nuevas licencias que garanticen un servicio eficiente. Ariel Pérez, titular de la ONG, aseguró que “el número de vehículos es arbitrario y que no responde a ningún índice”. Por otra parte explica que “para disimular la falta de taxis, la Municipalidad permite una suerte de ilegalidad tolerada con los llamados remises truchos, que son alrededor de 500 en Rosario”.

La ordenanza municipal de 1980 establece una ecuación de un taxi por cada 350 habitantes y actualmente hay 3123 taxis prestando servicio. “Si la población de Rosario fuera en estos momentos, tal como se estima, de un millón doscientos mil habitantes reales, estaríamos cumpliendo la ecuación en exceso”, dijo a Rosario3.com el titular del Ente del Transporte Municipal, Alejandro Boggiano, en respuesta al pedido. De todos modos, los usuarios agrupados que mañana presentarán una nota ante el presidente del Concejo, Miguel Zamarini. Según Boggiano el número de vehículos autorizados es adecuado y en caso de querer modificarlo habría que cambiar antes la ordenanza que fija esa proporción.

La ONG piensa ir más allá: sugerirá al Concejo Municipal que se llame a licitación pública, con un tope razonable en el monto a ofrecer y se dé prioridad a los actuales peones para acceder a las licencias cuyo costo ronda hoy los cien mil pesos (en el mercado negro). Esto, según Pérez, sumado a líneas de crédito del Banco Municipal permitiría el acceso de los peones y los actuales remises “truchos” al sistema.

Si la proporción de vehículos es la adecuada en relación con los habitantes de la ciudad, “cabría preguntarse –dice Pérez– dónde están los inspectores que deben controlar que cada dueño cumpla con la cantidad de horas de servicio que fija ordenanza, ya que la realidad muestra lo contrario de lo que asegura la Municipalidad”.