Una de las discusiones de la semana fue la de los pliegos de Enrique Sirio y Fausto Yrure para ser juez penal y defensor adjunto de Rosario, respectivamente. El tema, que deberá ser analizado por la Asamblea Legislativa, generó chispazos entre oficialismo y oposición porque Sirio es defensor de Delfín Zacarías, procesado por tráfico de drogas y también del ex subjefe de II Cuerpo de Ejército, Luciano Jáuregui, en una causa sobre terrorismo de estado. Mientras que Yrure representa junto a Carlos Varela a la familia Cantero. En el marco de esa discusión, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio, manifestó su preocupación ante “las expresiones de funcionarios políticos y legisladores que atacan a la profesión de abogado defensor y en consecuencia desconocen y avasallan el mandato constitucional de asegurar la defensa en juicio”.

“Atacar a un abogado en su labor y definirlo por su defendido constituye una herramienta de presión totalmente reñida con las reglas básicas de la Constitución, además de un prejuicio y una arbitrariedad inaceptable en una sociedad plural”, sostuvo un comunicado firmado por Del Vecchio.

El texto añadió que “más allá de las particularidades de las contiendas electorales y políticas, no se puede dejar pasar este acontecimiento ni muchos otros que apuntan contra el libre ejercicio de la abogacía. Es por ello que este presidente ratifica el compromiso con la sociedad para luchar y combatir el flagelo del narcotráfico y asumir la defensa irrestricta de los derechos de los ciudadanos, lo cual no es incompatible con la defensa del ejercicio profesional de los abogados intervinientes en graves causas que hoy preocupan a la sociedad”.

“El Colegio de Abogados históricamente ha bregado por el respeto irrestricto de los derechos de las personas y por la plena vigencia del orden democrático y del estado de derecho. El ejercicio de la abogacía representa un baluarte insoslayable para garantizar la división de poderes y la vida republicana de la Nación”, añadió.

Del Vecchio apoyó “el ejercicio profesional de todos los abogados por su continua lucha en la defensa de los derechos de las personas, en el contexto de una actividad sometida a reglas éticas de tal interés institucional y social que su inobservancia es severamente sancionada por un tribunal disciplinario”.

En relación con las postulaciones para cargos públicos de los abogados Sirio e Yrure, expresó “su solidaridad y apoyo, recordando que el único requisito constitucionalmente exigible es el de la idoneidad, el que nunca puede ponerse en dudas por el solo ejercicio profesional de la defensa penal de cualquier ciudadano de la Nación”.