El Consejo de la Magistratura aprobó una reglamentación sobre cómo aplicar la retención del impuesto a las Ganancias para jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial nacional que ingresaron a partir del 1º de enero de 2017.

La normativa incluye a los funcionarios que vienen de carrera judicial, como los secretarios de juzgados, de la Justicia provincial o del Ministerio Público Fiscal. Los que fueron designados con anterioridad al 31 de diciembre de 2016 continuarán exentos de pagar el gravamen.

En diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2), el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, manifestó sus diferencias con la aplicación de la medida.

“El Poder Ejecutivo no lo reglamentó y ahora lo ha hecho el Consejo de la Magistratura, que estableció a qué rubros y a quiénes debe cobrarse”, expresó el dirigente gremial.

Por otra parte, indicó que “el Consejo de la Magistratura se arrogó con la reglamentación facultades interpretativas de la ley que no le corresponden”.

En ese marco, resaltó la acordada del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que "deja bien claro que deberán pagar Ganancias quienes ingresan a la Justicia el 1º de enero de enero de 2017". Por eso, pidió a la Corte santafesina que tome una disposición similar.

“El impuesto a las Ganancias es injusto porque ningún trabajador tendría que pagarlo, sino los que se la llevan con pala de la Argentina y esos siempre son beneficiados”, se quejó Piumato en diálogo con el periodista Sergio Roulier.

Para el gremio de los empleados judiciales, los integrantes del Consejo de la Magistratura elaboraron la reglamentación que “incluye ilegalmente a los secretarios de carrera, abriendo la puerta al fin de la carrera judicial”.

“Si bien representa un avance para todos los trabajadores que ingresaron con posterioridad al 2017, porque reglamenta los rubros exentos y deducidos, genera un gran daño cuando incorpora a los secretarios que concursan para magistrados. Esta definición, socava la carrera y posibilita peligrosas interpretaciones que a futuro puedan hacerse en ese sentido”, señalo el gremio de los judiciales.

“Decir cuáles son los sujetos alcanzados por una norma impositiva no es facultad del Consejo, sino del Poder Legislativo. Y la norma es clara: ingresantes a partir de 2017”, se quejó el gremio de Piumato.