Mientras continúan las investigaciones por lo ocurrido en la fiesta electrónica Time Warp –donde murieron cinco jóvenes por intoxicación y otros cinco todavía luchan por sus vidas– el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió suspender los eventos de este tipo hasta tanto se sancione una ley que les de un marco normativo cinulado a la prevención en el uso de estupefacientes. La causa, que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello, ya tiene a cinco detenidos. Los más recientes son el apoderado de la productora que organizó la fiesta del 17 de abril y el encargado de su plan de evacuación. Hay 18 prefectos preventivamente separados de su cargo.
Según informó Télam, Rodríguez Larreta, quien fue cuestionado tras el hecho por no haber informado sobre el control en este tipo de eventos, aseguró este lunes que quedan suspendidas las fiestas electrónicas en la Ciudad Autónoma hasta tanto no se sancione un proyecto de ley que enviará en los próximos días a la Legislatura.
Este proyecto buscará "reducir los riesgos a la salud" de los asistentes a las fiestas electrónicas con una serie de requisitos que deberán tener tanto los organizadores como los asistentes, en torno a la prevención y concientización sobre el abuso de drogas y sobre cómo proceder en caso de que ocurra un hecho similar. Además, prometió una fuerte campaña de concientización para los jóvenes, y también para los padres.
En cuanto a los nuevos detenidos, el juez Casanello ordenó la detención de Máximo Avila, apoderado de Dell Producciones, organizadora de la Time Warp, y de Carlos Garat, también miembro de la productora y encargado del plan de evacuación de la fiesta electrónica realizada hace dos semanas en el predio de Costa Salguero.
Avila y Garta se suman a los tres dealers, un argentino, un dominicano y un colombiano, acusados de proveer las drogas sintéticas que, en sus diferentes versiones, fueron las causantes de las muertes de cinco jóvenes en el lugar, mientras otros cuatro permanecen internados, tres en estado crítico.
En tanto la Prefectura, separó este lunes preventivamente de sus cargos a 18 prefectos que estaban a cargo del control externo del predio y que hacían funciones de policía adicional el día de la tragedia.
Los prefectos estaban dentro de los 28 imputados por Casanello y está previsto que presten declaración indagatoria ya que se sospecha que habrían cobrado sumas de dinero por esa función adicional que dieron ese día.
