La ciudad de Rufino, ubicada en el suroeste de la provincia, atraviesa un particular presente. Desde hace unos años empezó a crecer exponencialmente la circulación de droga en la zona y con ella los problemas de jóvenes con adicciones, según las estadísticas que tiene el hospital local (Samco). La ciudad está atravesada en sus accesos por las rutas nacionales 7 y 33 y está situada en lo que algunos rufinenses llaman "la triple frontera", por ser un vértice que une Santa Fe con Córdoba y Buenos Aires, es decir los territorios más importantes del país. Esta localización la convirtió en un punto geoestratégico fundamental para el narcotráfico y narcomenudeo. A esto se suma que la región está desatendida por la Justicia federal, y el juzgado que interviene en este tipo de delitos está en Rosario, a 260 kilómetros. Tampoco hay fuerzas de seguridad nacionales.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirman que por su ubicación geográfica Rufino es un nodo del tráfico de drogas hacia Córdoba y Buenos Aires. También hay bandas locales que fueron investigadas –y algunas fueron desmembradas a partir de la detención de algunos de sus integrantes– por enviar marihuana, cocaína y drogas de diseño a La Pampa. 

La Justicia federal mira desde lejos: son los juzgados de Rosario los que tienen competencia en este tipo de delitos. En este sentido, el senador del departamento General López, Lisandro Enrico, cuestionó la lentitud en la creación de un juzgado federal en Venado Tuerto, que fue anunciada por el gobierno nacional de Mauricio Macri. "No puede ser que un Juzgado Federal que está a 260 kilómetros de distancia juzgue un delito cometido en Rufino. Creo que entre las opciones que tenemos en este contexto está la sanción de la ley de narcomenudeo que está trabada en la Legislatura, para que la Policía y la Justicia provincial puedan investigar estos delitos", indicó a este medio.

Vanina Fernández, asesora legal del Consejo de Seguridad de Rufino, también manifestó que desde mayo del año pasado esperan que el municipio firme un convenio con el gobierno provincial para que se instalen los "buzones de la vida". "La gente tiene miedo de denunciar. Necesitamos un receptor de denuncias anónimas. La ciudad está en un punto neurálgico, a 70 kilómetros de Laboulaye (Córdoba) y a 100 de Villegas (provincia de Buenos Aires)", aseguró.

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Con respecto a la venta de droga en la zona, el fiscal de Rufino Mauricio Clavero identificó el año pasado 14 puntos de comercialización tras un trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI). Esa información, en algunos casos acompañada de fotos, direcciones, filmaciones e identidades de personas sospechadas, recayó en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario. Clavero luego realizó una conferencia de prensa el 13 de octubre de 2016, donde afirmó que todos los datos remitidos fueron archivados. Por si fuera poco, en noviembre el fiscal regional del nodo Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, lo denunció penalmente por excederse de sus funciones, ya que el narcotráfico es un delito federal y no era su competencia investigarlo. Dicha denuncia fue archivada el pasado 16 de marzo.

Según consideró el diputado provincial Carlos del Frade, las bandas narco que operan en el suroeste de Santa Fe son "los desprendimientos de las organizaciones de Andrés Ascaíni y Aldo «Totola» Orozco, que están detenidos". "En Rufino hay tres tipos de consumo: la marihuana, la cocaína y las drogas sintéticas. Debemos investigar si estamos ante una reconfiguración del mapa del narcotráfico", consideró en contacto con Rosario3.com.

El periodista Hugo Basso, que también es el secretario del Partido Justicialista local, hizo hace varios años una investigación sobre el consumo de paco –droga que suele circular en Buenos Aires– en Rufino. "Hay una libertad total para comerciar estupefacientes. Esto se volvió un lugar de paso y de consumo. El único que se animó a investigar fue el fiscal Clavero, que encima fue denunciado. A las fuerzas federales este año no las vimos, no hay controles en las dos rutas nacionales que pasan por acá. A su vez, hay pocos policías", expresó. 

Un lugar también desatendido por las fuerzas de seguridad

Cuando se diseñó el operativo conjunto de seguridad entre Nación y provincia no se destinaron allí fuerzas federales, que sí tienen un destacamento en Venado Tuerto, ubicada a 100 kilómetros. Justamente, fuentes de esas fuerzas consultadas por este medio aceptaron que hacen pocos operativos en la región por "falta de recursos". Tampoco se ve demasiada policía provincial.

La ciudad tiene unos 20 mil habitantes. Para toda la población hay unos 40 policías santafesinos, 15 agentes de la guardia rural Los Pumas y alguna que otra esporádica presencia de las fuerzas federales a través de algún procedimiento. La semana pasada, en el Samco local las enfermeras pidieron apoyo a la Policía porque debían internar a un adolescente contra su voluntad, debido a problemas de adicciones con las drogas. Fue un efectivo. "Recibí después un llamado del comisario, que lo necesitaba porque era el único que estaba de servicio para toda la ciudad", señaló a Rosario3.com Paula Garófoli, directora médica del Samco.

Consumo grave de drogas

La localidad ubicada en el suroeste santafesino no se caracteriza por la generación de empleo. Los trabajos suelen estar ligados a la actividad agropecuaria o bien a la planta que allí tiene La Serenísima. Sin embargo, el contexto económico de los últimos años favoreció la venta de drogas, ya que según entienden autoridades locales es "plata fácil que no te la da otro trabajo".

"En este contexto, las últimas inundaciones paralizaron la actividad del campo. Y La Serenísima está por cerrar. Entonces hay gente que en la calle agarra como vendedor de droga por unos 800 pesos diarios. Ese dinero de otra manera no lo consiguen", dijo Sandra, integrante del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio.

Por la creciente cantidad de casos de personas con problemas de adicciones a las drogas, en el Samco local se conformó el año pasado un equipo interdisciplinario de Salud Mental, donde se aborda caso por caso. 

"Empezamos a ver pacientes con esta problemática desde los 12 años. El tema no es la cantidad de casos, sino la gravedad del consumo en algunos chicos", aseguró Noelia Bonino, psicóloga e integrante del equipo interdisciplinario. 

"Falta trabajo coordinado con las instituciones. Luchamos hace tiempo para que integren a una trabajadora social para que nos ayude", añadió Mónica González, también miembro del equipo.

Por otra parte, la secretaria de Desarrollo Social de Rufino, Gabriela Siola, remarcó a este medio que uno de los inconvenientes que tienen los chicos que presentan adicciones es la propia rehabilitación, ya que el único lugar en el que pueden hacerla está a ubicado varios kilómetros. "El municipio costea los traslados de las personas en rehabilitación y además hacemos seguimientos con las trabajadoras de ésta Secretaría. Recursos hay, falta que estén mejor coordinados", finalizó.