El gobierno nacional presentó ante la Justicia una denuncia por considerar que existe una "asociación ilícita" entre prefectos, gendarmes, abogados y jueces responsable de las malas liquidaciones de sueldo de los gendarmes. La novedad se difundió en una conferencia de prensa que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Economía Hernán Lorenzino, ofrecieron este martes, día en que esa fuerza y Prefectura esperaban una respuesta del Ministerio de Seguridad respecto del petitorio entregado la semana pasada.
Desde la cartera de Seguridad se presentó una "denuncia penal" por "la comisión de delitos" contra "algunos prefectos, gendarmes y jueces" que habrían incurrido en "connivencia" y cometido "irregularidades" en la liquidación de sueldos de ambas fuerzas de seguridad. Así lo confirmó Lorenzino.
"Vamos a terminar con la connivencia, con este desquicio administrativo absoluto que tiene la lógica de connivencia entre algunos abogados, algunos jueces y algunos elementos de las fuerzas", sostuvo el funcionario nacional. "Hoy tenemos un estado situación más preciso y lamentablemente nos lleva a pensar que la situación es más compleja y ha derivado en acciones concretas, como la detección no sólo irregularidades administrativas sino de la comisión de delitos", señaló.
En tanto, Abal Medina intentó llevar tranquilidad a los agentes: "Garantizamos que en la próxima liquidación todos recibirán el haber correspondientes sin ningún tipo de disminución", planteó. Sostuvo que, en la previa del decreto que rige en la actualidad, algunos juzgados emitieron "cautelares de muy dudosa naturaleza" que generaron "un verdadero descalabro en el interior de las fuerzas". Y subrayó: "Los únicos que se van a ver perjudicados, y no vamos a hacer nada para evitarlo, son los que usufructaron medidas cautelares para cobrar cifras exhorbitantes".
La semana pasada, gendarmes y prefectos iniciaron una protesta para reclamar por descuentos en sus sueldos. En ese marco, entregaron al secretario de Seguridad Sergio Berni un petitorio en el que exigieron que no haya sanciones para los manifestantes, un sueldo básico de siete mil pesos y la anulación del decreto presidencial 1307/12 que estipuló rebajas salariales a los efectivos.
