La Justicia ordenó suspender el remate de una vivienda que estaba previsto para este lunes a la mañana. La casa no era de un propietario cualquiera, su dueña es Delia Affranchino, titular de la Asociación de Protección de la Vivienda Única. Aunque la suspención del martillo no es definitiva le trajo un poco de respiro a Affranchino que en contacto con Radio 2 dijo que se postergó sólo por cuestiones formales y no de fondo.

En tanto, la mujer contó a Radio 2 que "la situación se origina por el remanente económico que le dejó un momento de crisis y que como resultado le quedó la deuda". "Fue la deuda menor, a todo se le hizo frente en su momento y primero se pagó lo más difícil de pagar. Pero quedaron tres mil pesos de una tarjeta de crédito que después del 2001 se convirtieron en una quiebra que se fijó en 35 mil pesos",

Este lunes a las diez, organizaciones sociales y de defensa de la vivienda se iban a congregar en los tribunales provinciales para defender del picote la propiedad de Delia Affranchino, una mujer que ha peleado por la defensa de la vivienda única y ha colaborado con decenas de propietarios en su misma situación. Incluso, es una de las fundadoras de Aprovu (Agrupación para la Protección de la Vivienda Única).

Pero la Justicia por cuestiones formales suspendió la ejecución. La deuda que originó el procedimiento derivó de un monto ínfimo sin saldar a una tarjeta de crédito propiedad de su ex marido, en aquel momento sin sentencia de divorcio entre ambos. El caso recayó sobre la jueza Liliana Georgetti, a cargo del juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 8va. Nominación.

La situación que vive Affranchino es una más de las que no está contemplada por la ley, recientemente sancionada, que suspende por 360 días los remates, por tratarse de una deuda tuvo origen en una quiebra. Es que la ley sólo hace referencia a deudas hipotecarias o crediticias, sin decir nada sobre quienes cayeron en quiebra, dejando la resolución a la libre interpretación judicial.

“En los últimos dos años los juzgados interpretaron la ley vigente en contra de los deudores, al justificar que una ley provincial no puede ir contra una nacional como es la de quiebras”, reflexionaron desde la Agrupación para la Protección de la Vivienda Única. Y agregaron: “Los códigos de procedimiento son provinciales y al suspender una subasta no se paraliza el proceso liquidatorio de quiebra sino el remate de emergencia”. Por otra parte -sostienen- el criterio de suspensión de la subasta es la preservación de la vivienda única, un derecho amparado por la Constitución Nacional.

Abonando la última posición, desde el mismo Senado Provincial se dejó sentada en acta la opinión de legisladores que ‘recomendaron’ a los jueces extender la interpretación de la ley que estaban votando a los casos de quiebras. Los términos utilizados por un senador al momento de argumentar su voto fueron los siguientes: “Creo que en el mismo sentido que estamos votando esta ley, sería importante que el Poder Judicial, a través de sus jueces, optara para darle tratamiento de la misma manera a aquellos procesos de quiebra en los que la vivienda única hoy está al borde del remate...”