El Gobierno nacional tiene una carta en la manga para brindarle nuevos aires al sistema judicial, señalado tanto por sus tardanzas como por sus incumplimientos. Con el objetivo de sacudir modorras y brindarle a la población mejores condiciones para la promoción de sus derechos ciudadanos, se prevé una reforma en la Justicia Penal que le dará agilidad en sus procesos.

Según publican medios nacionales este domingo, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, recibirá el lunes el anteproyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal encargado a una comisión que trabajó durante seis meses.

La iniciativa le quita poder a los jueces en la etapa de investigación y se lo da a los fiscales, facilita la participación de las víctimas en las causas y prevé la oralización de engorrosos procedimientos hoy escritos durante la instrucción de las causas.

La última reforma que se realizó en el código data de 1992. Por entonces, se procedió a la introducción del juicio oral en el sistema penal nacional. Sin embargo, esa oralización que permite a los jueces y las partes ver toda la prueba y escuchar a todos los testigos en audiencias públicas, hoy sólo se da en la etapa del juicio y no durante la investigación, la instancia más lenta.

"El propósito de la reforma es reducir los plazos procesales y dar una doble respuesta. Por un lado, evitar que algunos delitos, en particular los más complejos, queden impunes por prescripción de los tiempos procesales y, por otro, darle certeza a las personas imputadas sobre si serán condenados o absueltas en el proceso penal", manifestó el ministro de Justicia, Alberto Iribarne.

Se trata de un sistema acusatorio, donde el fiscal queda a cargo de la investigación y el juez de instrucción, según la nueva propuesta, pasaría a llamarse "juez de la investigación preparatoria" que controlará las garantías del debido proceso.

Entre otras cuestiones, el anteproyecto propone que una investigación dure no más de seis meses, prorrogables por otros tres. Se eliminan apelaciones y se reducen las posibilidades de pedir nulidades durante los procesos, lo cual agilizará las investigaciones. La prisión preventiva debe ser pedida a las 24 horas de una detención, lo cual se resolverá en audiencia oral.