Sabrina Ferrarese / Ricardo Robins
Sandra Cabrera se había convertido en símbolo de lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Corría el año 2003 y la representante sindical de la filial Rosario de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar) recorría las calles y los lugares donde se ofrecían servicios sexuales con el objetivo de prevenir enfermedades y cuidar la salud de las prostitutas. Sin embargo, su cruzada tenía un objetivo aún más peligroso: el accionar policial, que a través de la repartición de Moralidad Pública chantajeaba a las trabajadoras sexuales, las maltrataban y llevaban detenidas bajo el amparo de los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas de Santa Fe. “Derogarlos sería el mejor homenaje que le puedan hacer, pero eso quedó en promesas”, se quejó la actual titular del gremio, Claudia Lucero.
La intervención de Cabrera a favor de sus compañeras le valió una feroz golpiza a finales de 2003. Tres chicas de Ammar habían presentado una denuncia en los Tribunales contra los jefes de Moralidad Pública, a quienes acusaron de recibir dinero de boliches donde se ejercía la prostitución para impedir que recibieran clientes en la calle y cobrarles coimas para no interferir en su trabajo como prostitutas. La presentación le valió el puesto al propio jefe de Moralidad Pública, Javier Pinatti, y al subjefe, Walter Miranda, y las consecuencias fueron descargadas una a una sobre Cabrera, quien tuvo que recibir custodia policial ante las reiteradas amenazas de muerte.
Cuando el cuerpo de la dirigente fue hallado con un tiro en la nuca, poco antes de las 9 del 27 de enero de 2004, en Iriondo 647, junto a la escalinata de un pasillo interior de la casa y con signos de haber mantenido relaciones sexuales –en ese momento también surgió la posibilidad de una violación que fue luego descartada– las integrantes de Ammar y quienes conocían de cerca sus denuncias no pensaron otra cosa: Sandra había sido asesinada por la Policía. Incluso, la acusación se hizo canto y acompañó a las meretrices en las primeras marchas como una especie de himno: “Lo sabía, a Sandra la mató la Policía”
Era el final de los artículos 83, 87 y 93, el eje alrededor del cual Cabrera giraba su lucha. La derogación era una forma de reivindicarla en cada una de las calles donde mujeres y varones trabajadores sexuales eran oprimidos por la fuerza policial. Pero no fue así, y las normas siguen en pie. El primero pena "la ofensa al pudor", el 87, la prostitución "escandalosa" y el 93, el travestismo.
El ejecutivo provincial se comprometió a erradicar esas normas ambiguas que favorecían el abuso de la autoridad por parte de los agentes policiales. Sin embargo, y a pesar de la presentación de un proyecto en la Legislatura para terminar con ellos, nunca se discutió el tema entre los legisladores santafesinos y aún hoy en día, nadie menciona el tema en los pasillos.
La caja de todos los males
El entonces diputado provincial del Socialismo –actual legislador nacional– Eduardo Di Pollina, presentó antes del asesinato de Cabrera un proyecto que exigía la eliminación de estos artículos del cuerpo normativo provincial, pero nunca fue debatido. Tres años después, el diputado recuerda: “Sandra y dos compañeras me plantearon la necesidad de derogar esos artículos porque servían para que las meretrices sean extorsionadas por un sector policial. Presentamos el proyecto pero lamentablemente no fue tratado. Sandra nos acompañó en todo el proceso de elaboración e incluso viajó a Santa Fe para pedir su tratamiento”.
“Es lamentable la vigencia de estos artículos tan negativos y que se prestan a la corruptela. A pesar de mi insistencia y la de las diputadas Lucrecia Aranda y Alicia Gutiérrez, el oficialismo nunca quiso tratar la reforma y nunca escuché una justificación”, expuso Di Pollina.
Lucero, actual titular de Ammar, coincide: “Ni siquiera sabemos porque no se trata. Hay muchos intereses en juego todavía. Boliches como Punta Cana que habían sido cerrados están funcionando y Miranda ahora es comisario (el ex sub jefe de Moralidad Pública es el actual titular de la seccional 1º). Además, aunque ya no está Moralidad, la policía sigue molestando a las chicas”.
Di Pollina se lamentó: “Siento que nunca hubo voluntad política de cambiar las cosas a pesar de tener una muerte muy dolorosa en el medio. El gobernador Obeid tiene conciencia de esto y prometió resolverlo porque con estas normativas se siguen armando la caja negra de un sector que aún cobra peaje a las meretrices y las extorsiona para dejarlas trabajar”.
Sandra Cabrera se había convertido en símbolo de lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Corría el año 2003 y la representante sindical de la filial Rosario de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar) recorría las calles y los lugares donde se ofrecían servicios sexuales con el objetivo de prevenir enfermedades y cuidar la salud de las prostitutas. Sin embargo, su cruzada tenía un objetivo aún más peligroso: el accionar policial, que a través de la repartición de Moralidad Pública chantajeaba a las trabajadoras sexuales, las maltrataban y llevaban detenidas bajo el amparo de los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas de Santa Fe. “Derogarlos sería el mejor homenaje que le puedan hacer, pero eso quedó en promesas”, se quejó la actual titular del gremio, Claudia Lucero.
La intervención de Cabrera a favor de sus compañeras le valió una feroz golpiza a finales de 2003. Tres chicas de Ammar habían presentado una denuncia en los Tribunales contra los jefes de Moralidad Pública, a quienes acusaron de recibir dinero de boliches donde se ejercía la prostitución para impedir que recibieran clientes en la calle y cobrarles coimas para no interferir en su trabajo como prostitutas. La presentación le valió el puesto al propio jefe de Moralidad Pública, Javier Pinatti, y al subjefe, Walter Miranda, y las consecuencias fueron descargadas una a una sobre Cabrera, quien tuvo que recibir custodia policial ante las reiteradas amenazas de muerte.
Cuando el cuerpo de la dirigente fue hallado con un tiro en la nuca, poco antes de las 9 del 27 de enero de 2004, en Iriondo 647, junto a la escalinata de un pasillo interior de la casa y con signos de haber mantenido relaciones sexuales –en ese momento también surgió la posibilidad de una violación que fue luego descartada– las integrantes de Ammar y quienes conocían de cerca sus denuncias no pensaron otra cosa: Sandra había sido asesinada por la Policía. Incluso, la acusación se hizo canto y acompañó a las meretrices en las primeras marchas como una especie de himno: “Lo sabía, a Sandra la mató la Policía”
Era el final de los artículos 83, 87 y 93, el eje alrededor del cual Cabrera giraba su lucha. La derogación era una forma de reivindicarla en cada una de las calles donde mujeres y varones trabajadores sexuales eran oprimidos por la fuerza policial. Pero no fue así, y las normas siguen en pie. El primero pena "la ofensa al pudor", el 87, la prostitución "escandalosa" y el 93, el travestismo.
El ejecutivo provincial se comprometió a erradicar esas normas ambiguas que favorecían el abuso de la autoridad por parte de los agentes policiales. Sin embargo, y a pesar de la presentación de un proyecto en la Legislatura para terminar con ellos, nunca se discutió el tema entre los legisladores santafesinos y aún hoy en día, nadie menciona el tema en los pasillos.
La caja de todos los males
El entonces diputado provincial del Socialismo –actual legislador nacional– Eduardo Di Pollina, presentó antes del asesinato de Cabrera un proyecto que exigía la eliminación de estos artículos del cuerpo normativo provincial, pero nunca fue debatido. Tres años después, el diputado recuerda: “Sandra y dos compañeras me plantearon la necesidad de derogar esos artículos porque servían para que las meretrices sean extorsionadas por un sector policial. Presentamos el proyecto pero lamentablemente no fue tratado. Sandra nos acompañó en todo el proceso de elaboración e incluso viajó a Santa Fe para pedir su tratamiento”.
“Es lamentable la vigencia de estos artículos tan negativos y que se prestan a la corruptela. A pesar de mi insistencia y la de las diputadas Lucrecia Aranda y Alicia Gutiérrez, el oficialismo nunca quiso tratar la reforma y nunca escuché una justificación”, expuso Di Pollina.
Lucero, actual titular de Ammar, coincide: “Ni siquiera sabemos porque no se trata. Hay muchos intereses en juego todavía. Boliches como Punta Cana que habían sido cerrados están funcionando y Miranda ahora es comisario (el ex sub jefe de Moralidad Pública es el actual titular de la seccional 1º). Además, aunque ya no está Moralidad, la policía sigue molestando a las chicas”.
Di Pollina se lamentó: “Siento que nunca hubo voluntad política de cambiar las cosas a pesar de tener una muerte muy dolorosa en el medio. El gobernador Obeid tiene conciencia de esto y prometió resolverlo porque con estas normativas se siguen armando la caja negra de un sector que aún cobra peaje a las meretrices y las extorsiona para dejarlas trabajar”.
