El dictamen de la Defensoría del Pueblo, que no es vinculante, contra el aumento del agua en la provincia abrió la puerta para un reclamo en la Justicia para frenar efectivamente el incremento.

Así lo adelantó Mario Galizzi, titular de Apyme Santa Fe, quien hizo la presentación que motivó el dictamen de la defensoría, que consideró que no corresponde el aumento del agua por una cuestión sencilla: se necesita el aval del Enress, que como tiene vacantes tres de sus cinco puestos de directorio, para la Defensoría está acéfalo.

El ok que los dos miembros actuales del Enress le dieron al aumento, para la defensoría no tiene validez. "El gobierno violaba la ley, esto no tenía nada que ver con lo que se tenía que cumplimentar. Por eso, primero que todo hay que terminar de conformar Enress", afirmó Galizzi en diálogo con el programa Diez puntos, de Radio 2.

Para Galizzi, el gobierno tomó una "decisión unilateral pasango por arriba a todos los estamintos de control". El dirigente empresario cree que el dictamen de la Defensoría es un "gran antecedente; nos da las herramientas para que vayamos a la Justicia, excepto que la provincia recapacite y convoque a todos los sectores, cumpla la ley y conforme el Enress".

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe emitió su resolución el viernes contra el aumento del 29 por ciento en la tarifa del agua que aplicó la empresa provincial Aguas Santafesinas S.A. (Assa).

El documento se sustenta en la inexistencia de un marco legal que habilite a la firma a realizar dicho aumento tarifario, ya que no contó con el dictamen de aprobación del Ente Regulador (Enress), que –entiende la Defensoría– se encuentra acéfalo ya que cuenta con sólo dos de los cinco miembros del directorio. Esos dos miembros si firmaron el aumento, pero para el organismo que encabeza Carlos Bermúdez ese dictamen no tiene validez.

El reclamo ante la Defensoría había sido presentado a principios de septiembre por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la ciudad de Santa Fe (Apyme) .

Desde la Defensoría confirmaron a Rosario3.com que la resolución fue remitida el viernes que pasó al gobierno de la provincia. La oposición del PJ había cuestionado con los mismos argumentos aquella medida, hoy vigente en Santa Fe.