Este viernes se llevó adelante la audiencia imputativa contra la diseñadora de moda de alta costura María Tedesco (54), acusada del delito de estafa reiterada en calidad de autora. También fueron imputados su pareja, Jaime Mestre (60), como partícipe secundario; su ex empleada María Juncos (43), como partícipe primaria; y el novio de esta última, el peluquero Rodrigo Ruggeri (44), en la misma calidad.
La investigación sobre la actividad desarrollada en el local de vestidos de alta costura Alesca, que hasta su cierre funcionó en Italia al 772 y era propiedad de Tedesco, develó un esquema Ponzi que colapsó tras un año y cinco meses de operatoria, dejando casi 40 inversores de riesgo que la Fiscalía considera víctimas. Según se estableció, Tedesco prometía un inusitado interés del 30 por ciento mensual, usufructuaba su imagen de emprendedora exitosa para transmitir solidez y captar nuevos inversionistas y aseguraba que el dinero invertido se destinaba a la compra de insumos, cuando en realidad se utilizaba para seguir inflando la burbuja financiera.
De acuerdo con el cálculo fiscal, elaborado a partir de las denuncias recolectadas, Tedesco provocó un perjuicio económico estimado en 594 mil dólares y 115 millones de pesos, que afectó al menos a 37 víctimas.
El ardid fue descrito ante el juez Hernán Postma, quien resolvió dejar en libertad a los acusados bajo reglas de conducta.
La acusación
La fiscal María Teresa Granato le atribuyó a Tedesco que, al menos entre el 14 de abril de 2023 y el 23 de septiembre de 2024, desplegó “maniobras engañosas idóneas que indujeron a error a un número plural de personas”, lo que derivó en que al menos 37 víctimas entregaran dinero en efectivo y mediante transferencias bancarias, tanto en pesos como en dólares, con el consiguiente perjuicio económico.
Según la imputación, las maniobras consistieron en prometer rendimientos mensuales determinados, instrumentados mediante la suscripción de pagarés, aprovechando la confianza generada por su actividad comercial y su trato personal con los inversores. Los fondos no eran aplicados al destino invocado, conforme surge de la prueba colectada, lo que le permitió obtener un beneficio patrimonial ilegítimo.
A María Juncos se le atribuyó haber prestado una colaboración primaria y necesaria para la consumación de las estafas, al intervenir directamente en la recepción del dinero, la entrega de los pagarés, la coordinación y el pago de intereses y la captación de nuevos aportantes, contribuyendo de modo decisivo a la inducción y mantenimiento del error en las víctimas.
En el caso de Rodrigo Ruggeri, la Fiscalía sostuvo que, valiéndose del vínculo de confianza que mantenía con numerosas víctimas, promovió activamente el ingreso de terceros a la operatoria, recomendándola como confiable y rentable, facilitando contactos y generando credibilidad en el sistema, lo que configuró una participación primaria.
Mestre, en tanto, fue acusado de haber prestado una colaboración secundaria en la ejecución de las maniobras defraudatorias, al participar en actos vinculados con la recepción, conteo y entrega de dinero y al efectuar pagos parciales a víctimas desde cuentas de su titularidad, contribuyendo a sostener la apariencia de cumplimiento y a prolongar la confianza de los inversores.
De acuerdo con la acusación, la dinámica se desarrolló de la siguiente manera: Tedesco era propietaria de Alesca, un local de venta de vestidos de alta costura ubicado en Italia al 772; Mestre era su pareja; Juncos se desempeñaba como empleada del comercio; y Ruggeri era el esposo de esta última.
En el local se exhibían modelos de vestidos de fiesta y fotografías con personalidades, entre ellas futbolistas de renombre y familiares, que se presentaban como supuestos clientes. Con ese entorno, la propietaria reforzaba un relato de solvencia económica y respaldo comercial. La existencia de un local de larga trayectoria fue instrumentalizada como elemento de credibilidad para captar inversores.
Según los denunciantes, Tedesco atendía personalmente a quienes llegaban al comercio y les explicaba que, además del negocio de confección de prendas, recibía inversiones destinadas a financiar la compra de telas, bijouterie, piedras y otros insumos importados que luego eran utilizados para la fabricación de los vestidos, los cuales se vendían a precios que permitían cubrir el pago de los intereses.
Los intereses prometidos eran de hasta un 30 por ciento mensual, cifra que luego se reducía al 20 o al 18 por ciento según los montos invertidos, extremos que quedaban plasmados en los pagarés entregados a los aportantes. También se les informaba que, en caso de solicitar el retiro total del capital, debían avisar con 60 días de antelación.
La cercanía con algunos inversores era tal que la propia Tedesco, pasado un tiempo, los consultaba sobre la posibilidad de realizar nuevos aportes. El conjunto de sus dichos, su actitud personal, las fotografías exhibidas, los contactos que aducía tener y el contexto del local comercial generaban una confianza plena al momento de decidir invertir.
En cuanto a la entrega del dinero, esta se respaldaba con pagarés en los que se consignaba el monto entregado o el monto a devolver, correspondiente al capital más los intereses pactados. Los documentos eran firmados por Tedesco y llevaban un sello con su nombre completo y CUIT.
Conforme a relatos coincidentes, Tedesco también incursionó inicialmente en el cambio de cheques para obtener efectivo inmediato. Las inversiones podían realizarse tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias.
En febrero de 2024, Juncos comenzó a desempeñarse en el local con tareas administrativas, como el pago de impuestos, depósitos bancarios y pagos en mutuales y financieras, y luego pasó a encargarse de la recepción del dinero de los inversores y del pago de intereses, manteniendo contacto directo con varias víctimas a través de WhatsApp.
La Fiscalía remarcó que Juncos y Ruggeri también realizaron inversiones propias y que, valiéndose de sus vínculos personales, captaron a nuevas personas para que ingresaran al sistema. Algunas víctimas señalaron que tomaron conocimiento de la operatoria a través de Ruggeri, quien se las presentaba como confiable, indicando que su propia pareja invertía allí.
Durante 2024, el negocio se expandió al punto de que Tedesco habilitó una oficina en Italia al 800, destinada exclusivamente a la recepción y retiro de dinero de los inversores, separando esa actividad del comercio de vestidos. Según Juncos, la medida buscaba evitar generar una imagen “extraña” en el local.
En paralelo, Tedesco comenzó a acondicionar otro inmueble en Dorrego entre Córdoba y Santa Fe con la intención de trasladar el negocio, lo que, según los testimonios, incrementó la necesidad de captar mayores aportes de dinero.
La Fiscalía sostuvo que esta dinámica responde a un esquema de Ponzi, en el que los intereses se pagan con el dinero aportado por nuevos inversores y que se sostiene únicamente mientras el flujo de ingresos se mantiene activo.
El sistema colapsó en septiembre de 2024. El 23 de ese mes se suspendieron los pagos y Tedesco comenzó a enviar mensajes predeterminados a los inversores en los que afirmaba haber tomado créditos con más de 200 personas y solicitaba un plazo de 30 días para regularizar la situación.
Con el correr de las semanas, los incumplimientos persistieron y crecieron los reclamos. La imputada cambió su relato en reiteradas oportunidades, aduciendo problemas con organismos fiscales, robos cometidos por ex empleados y cuestiones de salud, incluso presentando certificados médicos.
Pese a distintas reuniones y propuestas de pago, ninguno de los inversores recuperó su dinero luego del 23 de septiembre de 2024. La Fiscalía concluyó que los fondos nunca fueron destinados a la compra de insumos para la confección de vestidos, sino al pago de intereses de otros aportantes y a gastos personales.
Según el relevamiento fiscal, se constataron 38 víctimas con denuncias radicadas y un perjuicio económico total estimado en 594.352 dólares y 115.129.348 pesos.
