Hasta fines de 2001, “corralito” no era más que un lugar en donde se ponía a los bebés para evitar que gatearan por toda la casa. Pero el primero de diciembre de ese año, la palabra asumió un significado que marcaría la historia argentina. El entonces ministro de Economía Domingo Cavallo anunció bajo ese nombre una serie de "medidas extraordinarias”, entre las cuales se destacaba la restricción a la extracción de dinero en efectivo de cuentas bancarias.
En concreto, no se podría retirar más de 250 pesos (ó 250 dólares, que era lo mismo en esa época) en efectivo por semana de cuentas bancarias, por parte del titular, o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad. También se prohibieron las transferencias al exterior, pero luego se sabría que los “peces gordos” se habían adelantado a la medida.
Según el economista, el objetivo era evitar la salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar así una corrida bancaria y el colapso del sistema. En algún momento habló incluso de los beneficios del pago a través de los medios electrónicos, ya que se evitaba de este modo la evasión impositiva y se provocaba la bancarización de la población.
Pero las explicaciones caían en saco roto. La medida económica resultó, como se prevía, de los más impopular. Sobre todo en la clase media, que al sentir que le metían la mano en el bolsillo decidió comenzar con una serie de protestas, entre ellas los famosos “cacerolazos”, que precedieron al estallido social del 20 y 21 de diciembre de 2001 que terminó con la renuncia del presidente De la Rua, que se fue en helicóptero de Casa de Gobierno para evitar que lo lincharan.
Lo que sigue es historia conocida.
