Ni un mes ni dos. Hace un año que 400 familias habitan en terrenos usurpados de avenida Avellaneda entre el 4200 y el 4400. El Tres estuvo en el lugar y tomó el testimonio de varios habitantes que aseguran no contar con otro ámbito para vivir. El fiscal Guillermo Camporini explicó la complejidad de este tipo de casos.
El viernes pasado salieron a la luz dos usurpaciones en terrenos ubicados en Pasaje 1737 al 7700. La noticia llegaba a una semana de la toma de los terrenos donde la hermana Jordán lleva a cabo su misión religiosa y que terminó en forma violenta.
De acuerdo a lo informado por El Tres, existe una toma de tierras que ya lleva un año. Se trata de 5 hectáreas –compartidas entre el municipio, el sindicado UPCN y un propietario privado– destinadas a un plan de viviendas del gremio de los trabajadores estatales y a una parte del plan Rosario Hábitat con un espacio verde. La lonja más chica es la del municipio que tiene previsto realizar la apertura de la calle y la creación de un espacio público.
El común denominador de quienes llevan adelante la ocupación es la falta de lugar donde vivir y la carencia de un trabajo estable. La mayoría se dedica al cirujeo y admite que se instaló de forma ilegal. “Éste ya figura como mi domicilio”, asegura Luis, quien levantó una casita junto a su hija y nieto en el predio. En cambio, José, pastor evangelista, insiste con que el lugar donde instala su templo, lo pagó unos 22 mil pesos. “Tengo un boleto de compra-venta”, indicó.
Daniel, en tanto, vive junto a su mujer y 8 hijos en una casilla precaria que logró elevar en estas tierras. También aprovechó la oportunidad hace un año y desembarcó aquí, dejando atrás un alquiler que ya no podía pagar.
Las tomas en la ciudad
Consultado al respecto, el fiscal Guillermo Camporini, expresó: “Es un tema muy complejo, de dos intereses que se ponen en juego. La Constitución establece el derecho de todos a acceder a una vivienda. Entonces, por un lado existe el reclamo social pero no puede ser avalado por su ilegalidad porque esa tierra tiene un dueño”.
El fiscal sostuvo que en su función, intenta hablar con la gente. “Si se llega a un punto de no retorno, el juez dispone que se haga cesar con esto, garantizando la protección de los involucrados, hay que desocupar y restablecer el orden”, apuntó.
