Detrás de la pelea con Clarín y de las idas y vueltas con las telefónicas, otro debate empieza a asomar con fuerza en torno al proyecto de ley de radiodifusión del gobierno: la situación en la que quedan los medios del interior.
Así como Fernando Pino Solanas había calificado la iniciativa de "absolutamente unitaria y centralista", la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y la Asociación de Radiodifusoras Privadas (Arpa) salieron a cuestionar lo que consideran falta de federalismo.
Así, el titular de ATA, Carlos Fontán Balestra, calificó como "un grave ataque al interior" el proyecto porque hace a las emisoras "más dependientes de la Capital Federal". El empresario consisderó que "la ley obliga a malvender las licencias".
"El proyecto es malo, afecta a la libertad de expresión, establece mecanismos de censura, marca un avance del Estado en la presencia espectral; desalienta inversiones y desprecia el valor social de las empresas al imponer períodos de liquidación", afirmó por su parte el titular de Arpa, Carlos Molina.
Molina se quejó también de la ausencia de un "saneamiento del espectro, que ahora está muy cáotico", y de la regulación propuesta para el espacio publicitario: "Dejar limitado solamente el 30% de la programación diaria en cadena y fuera de los horarios centrales, y sin el contenido de publicidad torna totalmente inviable la continuidad de este modelo de radiodifusión". Imposiciones del nuevo régimen que según él, afectan a la radio privada y no a la oficial.
ATA envió una carta a la Cámara de Diputados en la que advierte que "un tratamiento apresurado y centralista no puede trazar el escenario para la sanción de esta ley, que tal como ha sido concebida fue elaborada sin consultar ni tener en cuenta la opinión y experiencia de la industria".
