La polémica por la falta de alojamiento de los menores con problemas penales parece lejos de concluir. A las quejas de padres e internos sobre el hacinamiento y las condiciones de vida del Irar (Saavedra y Cullen), que fue clausurado parcialmente, y el CAT (Dorrego al 900), que fue directamente desalojado, se suma ahora el reclamo de un juez de menores, Jorge Cartele, quien reconoció que no tiene lugar a donde derivar a los chicos que llegan a su juzgado acusados por diversos delitos. “No tenemos herramientas. Estamos como quien dice contra la espada y la pared”, aseguró.

El magistrado aclaró que no se trata de un problema nuevo sino de una crisis “histórica” y que no se trata de un problema de la provincia “sino de todo el país”. “No estamos conformes. En lo que se refiere a la estructura y el alojamiento de menores nos quedamos en el tiempo”, se quejó. Cartele apuntó también a la legislación: “Las leyes han avanzado mucho pero la que está vigente en el país es de la época del proceso”, lamentó.

El juez de menores señaló que, por ejemplo, estaría en problemas si debiera por estos momentos analizar el caso de un menor de 15 años no punible acusado de un hecho penal. “Hay que investigar el hecho pero además la posición social del menor. Y para eso necesitamos lugares adecuados. Hay sectores que dicen que hay que entregarlo a la familia pero a veces no existe. Los chicos que empiezan en este camino sufren abandono de la familia”, explicó.

La situación se complica aún más si se trata de un menor con dependencia a alguna droga. “No hay ninguna institución oficial de rehabilitación, hay organizaciones no gubernamentales que se ocupan del tema pero no dan abasto. Además, el tratamiento muchas veces se complica porque hay instituciones que no reciben a chicos que no están dispuestos a dejar la droga y son muchos los que se niegan al tratamiento”, concluyó.