La senadora Vilma Ibarra presentó ante la Cámara alta un proyecto de ley que propicia asegurar el derecho de toda mujer a decidir la interrupción de su embarazo hasta la semana 12 de gestación, sin la necesidad de una autorización judicial.
"Este nuevo proyecto –que ingresó al Senado el mes pasado– es para despenalizar el aborto y no criminalizar a la mujer", sintetizó la senadora nacional del Frente Grande por la Capital Federal.
En su artículo 1 el texto establece el derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo en distintas circunstancias, previstas en función de los plazos de gestación y de la salud de la mujer y el feto.
La posibilidad de abortar alcanza a los embarazos de hasta tres meses de gestación, y a los que fueron producto "de la comisión de un delito contra la integridad sexual (violación); si existe peligro para la vida o la salud de la mujer: y si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina", como en los casos de anencefalia.
"El proyecto propone una respuesta integral a la temática, por comprenderla como un problema grave de salud pública y por el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y de salud integral de las mujeres -las únicas afectadas- como derechos humanos", enfatizó la legisladora.
Según Ibarra, "la cuestión no es estar a favor o en contra. Nadie está a favor del aborto y en particular ninguna mujer, por su capacidad de engendrar vida. Sólo, seguramente, quienes lucran con el aborto, propician su práctica".
"El proyecto fue concebido partiendo del conocimiento real de que dicha práctica se efectúa en forma clandestina. En nuestro país el aborto es la primera causa de muerte de mujeres: se realizan más de 500 mil abortos por año", indicó.
"Porque, en definitiva, la criminalización del aborto no sólo no reduce su número, sino que éstos se siguen practicando en condiciones clandestinas con riesgos graves para la salud de la mujer, y en un número importante con el resultado muerte", afirmó.
Este no es la primer proyecto de ley que la senadora que presenta en materia de aborto. En 2004 presentó otro junto a las entonces senadoras Diana Conti y Marisa Perceval, que proponía despenalizar el aborto en todo caso de violación, o cuando se haya diagnosticado la inviabilidad del feto, dos instancias que contempla el flamante proyecto.
Aquel proyecto, que volvió a ingresar a la Cámara alta en mayo pasado (vencen cada dos años) propone modificar el artículo 86 del Código Penal, que hasta ahora considera no punible el aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
"Entonces la idea era ampliar la despenalización del aborto en las dos situaciones para las que encontramos mayor consenso social: la violación y la inviabilidad de la vida extrauterina del feto", recordó Ibarra.
"En los casos de violación, uno de los hechos más traumáticos que puede sufrir una persona, esto de obligar a la víctima a llevar adelante un embarazo y un parto procedentes de ese hecho aberrante es penalizarla", consideró.
"Si el embrión de una mujer demente o idiota que haya sido violada puede ser abortado, ¿por qué no podría serlo el de las demás mujeres que hayan pasado por la misma situación?", se preguntó Ibarra.
En sus fundamentos, ambos proyectos recuerdan que, en 1997, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, ratificada por el Congreso nacional) "recomendó al gobierno argentino revisar la legislación sobre el aborto. Pero el Estado no respondió entonces ni lo ha hecho hasta ahora".
Consultada sobre el espíritu del nuevo proyecto, claramente más abarcador que el presentado hace dos años, Ibarra dijo que "creo que estamos atrasados en materia de políticas públicas, y esta es mi posición respecto al aborto", y reiteró "el problema no es estar a favor o en contra. A favor del aborto no está nadie".
En la Argentina, las complicaciones por aborto constituyen la primera causa de muerte materna, y representan el 27 por ciento del total, según estadísticas del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación del año 2005.
"La hospitalización por aborto se ha incrementado en nuestro país en un 57 por ciento desde 1995 a 2000 y el 40 por ciento de ellas corresponde a mujeres menores de 20 años", señaló.
Respecto al tratamiento del proyecto de ley –que ingresó en la comisión de Justica de Asuntos Penales y fue girada a la de Población y Desarrollo–, Ibarra dijo: "espero que los legisladores recuerden que somos un Estado laico y que ellos deben responder a la gente que representan, no a las instituciones religiosas que imponen estas sanciones impropias de un Estado democrático".
Fuente: Télam
"Este nuevo proyecto –que ingresó al Senado el mes pasado– es para despenalizar el aborto y no criminalizar a la mujer", sintetizó la senadora nacional del Frente Grande por la Capital Federal.
En su artículo 1 el texto establece el derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo en distintas circunstancias, previstas en función de los plazos de gestación y de la salud de la mujer y el feto.
La posibilidad de abortar alcanza a los embarazos de hasta tres meses de gestación, y a los que fueron producto "de la comisión de un delito contra la integridad sexual (violación); si existe peligro para la vida o la salud de la mujer: y si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina", como en los casos de anencefalia.
"El proyecto propone una respuesta integral a la temática, por comprenderla como un problema grave de salud pública y por el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y de salud integral de las mujeres -las únicas afectadas- como derechos humanos", enfatizó la legisladora.
Según Ibarra, "la cuestión no es estar a favor o en contra. Nadie está a favor del aborto y en particular ninguna mujer, por su capacidad de engendrar vida. Sólo, seguramente, quienes lucran con el aborto, propician su práctica".
"El proyecto fue concebido partiendo del conocimiento real de que dicha práctica se efectúa en forma clandestina. En nuestro país el aborto es la primera causa de muerte de mujeres: se realizan más de 500 mil abortos por año", indicó.
"Porque, en definitiva, la criminalización del aborto no sólo no reduce su número, sino que éstos se siguen practicando en condiciones clandestinas con riesgos graves para la salud de la mujer, y en un número importante con el resultado muerte", afirmó.
Este no es la primer proyecto de ley que la senadora que presenta en materia de aborto. En 2004 presentó otro junto a las entonces senadoras Diana Conti y Marisa Perceval, que proponía despenalizar el aborto en todo caso de violación, o cuando se haya diagnosticado la inviabilidad del feto, dos instancias que contempla el flamante proyecto.
Aquel proyecto, que volvió a ingresar a la Cámara alta en mayo pasado (vencen cada dos años) propone modificar el artículo 86 del Código Penal, que hasta ahora considera no punible el aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
"Entonces la idea era ampliar la despenalización del aborto en las dos situaciones para las que encontramos mayor consenso social: la violación y la inviabilidad de la vida extrauterina del feto", recordó Ibarra.
"En los casos de violación, uno de los hechos más traumáticos que puede sufrir una persona, esto de obligar a la víctima a llevar adelante un embarazo y un parto procedentes de ese hecho aberrante es penalizarla", consideró.
"Si el embrión de una mujer demente o idiota que haya sido violada puede ser abortado, ¿por qué no podría serlo el de las demás mujeres que hayan pasado por la misma situación?", se preguntó Ibarra.
En sus fundamentos, ambos proyectos recuerdan que, en 1997, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, ratificada por el Congreso nacional) "recomendó al gobierno argentino revisar la legislación sobre el aborto. Pero el Estado no respondió entonces ni lo ha hecho hasta ahora".
Consultada sobre el espíritu del nuevo proyecto, claramente más abarcador que el presentado hace dos años, Ibarra dijo que "creo que estamos atrasados en materia de políticas públicas, y esta es mi posición respecto al aborto", y reiteró "el problema no es estar a favor o en contra. A favor del aborto no está nadie".
En la Argentina, las complicaciones por aborto constituyen la primera causa de muerte materna, y representan el 27 por ciento del total, según estadísticas del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación del año 2005.
"La hospitalización por aborto se ha incrementado en nuestro país en un 57 por ciento desde 1995 a 2000 y el 40 por ciento de ellas corresponde a mujeres menores de 20 años", señaló.
Respecto al tratamiento del proyecto de ley –que ingresó en la comisión de Justica de Asuntos Penales y fue girada a la de Población y Desarrollo–, Ibarra dijo: "espero que los legisladores recuerden que somos un Estado laico y que ellos deben responder a la gente que representan, no a las instituciones religiosas que imponen estas sanciones impropias de un Estado democrático".
