El año 2013 se despidió con un crimen mafioso en Rosario que derivó en un escándalo político: el asesinato de Luis Medina y la manipulación de una computadora personal del supuesto jefe narco por parte de funcionarios provinciales. Este jueves, cinco meses después, Diputados creó una comisión para investigar si esos integrantes del Ministerio de Gobierno actuaron o no bajo orden judicial.

La pregunta que deberán responder los legisladores no es menor. Desde el gobernador Antonio Bonfatti hasta ministros y dirigentes del oficialismo repitieron que los técnicos que dependen del área de Gobierno abrieron la Mac de Medina por pedido del juez a cargo. Sin embargo, fuentes judiciales no confirmaron esa versión.

Según trascendió, los funcionarios Javier Echaniz y Martin Degrati operaron la computadora del empresario asesinado a balazos el 29 de diciembre de 2013 la misma noche del crimen, antes de cualquier comunicación oficial.

De hecho, la propia jueza que en teoría emitió esa instrucción, Raquel Cosgaya, negó haber dado la autorización. El caso no es claro ya que Cosgaya ocupó la función de María Luis Pérez Vara, la magistrada que estaba de turno pero que nunca atendió el teléfono.

La defensa oficial entonces fue que una pericia de la Justicia federal determinó que la información de la Mac no fue modificada.

"Es peligroso politizar la lucha contra el narcotráfico”

Los diputados provinciales del Frente Progresista expresaron su claro rechazo a la creación de una Comisión Investigadora sobre el “Caso Medina”. Los legisladores aseguraron que “la comisión que se propone no tiene razón de ser”, ya que “la enorme mayoría de los puntos cuyo esclarecimiento se encomienda, están siendo investigados través de la acción de los diversos mecanismos institucionales de la provincia”.

“Poner en tela de juicio la intervención de los Poderes Ejecutivo y Judicial, trasciende las atribuciones de una comisión investigadora, resultando el accionar de la Cámara de dudosa constitucionalidad”, dijeron.

“Confiamos en el accionar de la Justicia, y al mismo tiempo no estamos dispuestos a acompañar esta pretensión electoralista de parte de la oposición. Y esto es así no solamente por una cuestión de pertenencia partidaria, sino porque consideramos peligroso incorporar un tema estratégico y sensible como el combate al narcotráfico en el marco de la pelea política”, y agregaron que entre otras consecuencias disvaliosas, “la politización pone en riesgo la causa judicial”.

“Los narcos lo entienden de esta manera, su pelea no es con radicales, socialistas o justicialistas, su pelea es con el pacto de convivencia democrática. Desde este punto de vista, advertimos como un verdadero desatino político la coincidencia de los todos los bloques del partido justicialista en desandar el camino de coordinación logrado, con gran esfuerzo y diálogo, por los distintos niveles del estado (nacional, provincial y local) en la lucha contra el narcotráfico”, señalaron.