El desarrollo de las nuevas tecnologías permite transmitir e intercambiar información con mayor fluidez y rapidez. Para aprovechar los beneficios que otorgan estas herramientas, se propuso la creación de una base de datos abierta que contenga todos los trabajos académicos que se realizan con fondos del Estado, con el objetivo de promover la difusión de la actividad científica en el país.
El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva será la entidad encargada de gestionar, articular y difundir los repositorios digitales, así como también brindar la asistencia técnica a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
“La existencia de los repositorios de acceso abierto permitirá que cualquier persona pueda acceder directamente a la información científica y tecnológica del país, ya que se financia con el pago de sus impuestos, a través de una búsqueda sincronizada”, explica a la Agencia CTyS el secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio, Alejandro Ceccatto.
En este sentido, el director del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT), Jorge Atrio, señala: “No se busca un repositorio unificado donde haya un solo servidor que contenga toda la información junta, sino que se busca trabajar en red. Por eso, la ley promueve que cada instituto y universidad desarrollen sus propias bases de datos”.
Por otro lado, el proyecto busca solucionar un problema recurrente en el mundo científico. “El estado debe pagar varias veces por la misma información”, resalta Atrio. Además de financiar la investigación y pagarle a las revistas por su publicación, muchas veces, las mismas instituciones tienen que subscribirse para acceder a ellas”, explica.
Dentro de los repositorios se incluirán las investigaciones, los datos primarios, libros, metadatos, tesis académicas, artículos y demás producciones que sean resultado de la actividad científica. Los investigadores tendrán un plazo de 6 meses para depositar una copia de su producción científico-tecnológica desde la fecha de su publicación o aprobación. En el caso de los datos primarios, tendrán que estar disponibles para el acceso público en un plazo de 5 años a partir del momento de su recolección.
Asimismo, los científicos mantendrán el derecho moral sobre la propiedad intelectual de sus descubrimientos. El patentamiento de los inventos continuará con el mismo sistema, ya que al publicarlo en un repositorio institucional, al igual que en una revista, se elimina toda posibilidad de solicitar una patente.
En tanto, los derechos económicos continuarán en manos de las instituciones públicas que financian sus investigaciones. Para los organismos que no cumplan con lo establecido por la ley, el Artículo 8 determina que no obtendrán ayuda financiera pública para llevar a cabo sus investigaciones.
Según la normativa, las investigaciones tienen un período de embargo de 6 meses antes de su publicación en los repositorios. Esto permite a los científicos publicar sus trabajos en revistas de ciencia y, de esta manera, mantener el prestigio que le dan esas publicaciones.
De todos modos, el director del CAICYT aclara que la ley no pretende entrar en colisión con las revistas. “Muchas veces, el sistema editorial de las principales disciplinas es extranjero y no se puede manejar desde un nivel interno. Por lo tanto, ser muy estricto con el embargo puede implicar un aislamiento de la producción científica nacional o regional”.
Por otra parte, cuando un investigador publica en una revista internacional se realizan diferentes evaluaciones para determinar el rigor científico del paper. Sin embargo, para Jorge Atrio esto no producirá una devaluación en la calidad de los trabajos que no se publiquen en las revistas.
“El CONICET tiene un sistema de evaluación muy estricto que se organiza en comisiones por disciplina, las cuales se encarga de analizar íntegramente el proceso de investigación Este sistema garantiza que lo publicado en los repositorios tenga calidad científica”, asegura Atrio.
Fuente: CTyS
El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva será la entidad encargada de gestionar, articular y difundir los repositorios digitales, así como también brindar la asistencia técnica a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
“La existencia de los repositorios de acceso abierto permitirá que cualquier persona pueda acceder directamente a la información científica y tecnológica del país, ya que se financia con el pago de sus impuestos, a través de una búsqueda sincronizada”, explica a la Agencia CTyS el secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio, Alejandro Ceccatto.
En este sentido, el director del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT), Jorge Atrio, señala: “No se busca un repositorio unificado donde haya un solo servidor que contenga toda la información junta, sino que se busca trabajar en red. Por eso, la ley promueve que cada instituto y universidad desarrollen sus propias bases de datos”.
Por otro lado, el proyecto busca solucionar un problema recurrente en el mundo científico. “El estado debe pagar varias veces por la misma información”, resalta Atrio. Además de financiar la investigación y pagarle a las revistas por su publicación, muchas veces, las mismas instituciones tienen que subscribirse para acceder a ellas”, explica.
Dentro de los repositorios se incluirán las investigaciones, los datos primarios, libros, metadatos, tesis académicas, artículos y demás producciones que sean resultado de la actividad científica. Los investigadores tendrán un plazo de 6 meses para depositar una copia de su producción científico-tecnológica desde la fecha de su publicación o aprobación. En el caso de los datos primarios, tendrán que estar disponibles para el acceso público en un plazo de 5 años a partir del momento de su recolección.
Asimismo, los científicos mantendrán el derecho moral sobre la propiedad intelectual de sus descubrimientos. El patentamiento de los inventos continuará con el mismo sistema, ya que al publicarlo en un repositorio institucional, al igual que en una revista, se elimina toda posibilidad de solicitar una patente.
En tanto, los derechos económicos continuarán en manos de las instituciones públicas que financian sus investigaciones. Para los organismos que no cumplan con lo establecido por la ley, el Artículo 8 determina que no obtendrán ayuda financiera pública para llevar a cabo sus investigaciones.
Según la normativa, las investigaciones tienen un período de embargo de 6 meses antes de su publicación en los repositorios. Esto permite a los científicos publicar sus trabajos en revistas de ciencia y, de esta manera, mantener el prestigio que le dan esas publicaciones.
De todos modos, el director del CAICYT aclara que la ley no pretende entrar en colisión con las revistas. “Muchas veces, el sistema editorial de las principales disciplinas es extranjero y no se puede manejar desde un nivel interno. Por lo tanto, ser muy estricto con el embargo puede implicar un aislamiento de la producción científica nacional o regional”.
Por otra parte, cuando un investigador publica en una revista internacional se realizan diferentes evaluaciones para determinar el rigor científico del paper. Sin embargo, para Jorge Atrio esto no producirá una devaluación en la calidad de los trabajos que no se publiquen en las revistas.
“El CONICET tiene un sistema de evaluación muy estricto que se organiza en comisiones por disciplina, las cuales se encarga de analizar íntegramente el proceso de investigación Este sistema garantiza que lo publicado en los repositorios tenga calidad científica”, asegura Atrio.
Fuente: CTyS
