Las tomas de terrenos en la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez que comenzaron hace tres meses no sólo continúan sino que en muchos casos echan cimientos. Así lo ratificó en contacto con Radio 2 Daniel Garavano, secretario de Gobierno de esa localidad. "En muchos de esos predios ya se ven desde hace tiempo casas con cimientos, paredes de ladrillo hueco y alguna que otra lamparita encendida de noche", contó el funcionario, y adelantó que se buscan alternativas para una solución.

En esa ciudad se mantienen desde mayo pasado unos 12 terrenos usurpados, donde viven asentadas unas dos mil familias. Mientras algunas ya consiguieron tener los servicios de luz y agua, otras tantas reemplazaron sus casas de chapa por materiales. En ese marco, el municipio intenta regular el uso de las tierras con un proyecto que dificilmente logrará detener el avance de las usurpaciones.

El Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez sancionó en julio pasado una ordenanza que autoriza al Ejecutivo a implementar un sistema de loteos sociales por medio de un “banco de tierras”. A través de esa iniciativa se invita a los dueños a "vender sus predios libres que no esten usurpados" para que el Estado emprenda las acciones necesarias para su urbanización con servicios básicos.

La formalización del aporte de tierras se hará por convenios entre partes, previa aprobación del Concejo, y en dichos acuerdos se “detallan las características de la urbanización y sus requerimientos de servicios".

"El Estado tiene que ser el garante y definir el precio justo de los predios, priorizando a los terrenos que no fueron usurpados. Además, debe dar las condiciones para que la gente lo pueda pagar mensualmente", expresó.

Crisis habitacional

Todo comenzó a principios de mayo pasado. Después de varios días de tensión social, unas dos mil familias terminaron por asentarse en unos 13 predios de la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez. Las autoridades del municipio tildaron la situación de desborde y en ese contexto hasta asesinaron a un hombre. Pese a los diferentes intentos de desalojo, solamente se logró desarticular la toma de un único terreno.

El 1º de junio pasado a partir de una orden judicial, el personal de la Policía local avanzó con camiones y topadoras para desalojar un espacio ubicado en el cruce de las calles Gustavo Adolfo Bécquer y San Rafael. Ahí vivían dos familias que habían construido sus casas, en forma precaria.

Consultado acerca de las presentaciones a la Justicia por la toma de las tierras, el funcionario manifestó que "los propietarios hicieron presentaciones pidiendo el desalojo de los predios pero hay demoras importantes que traban cualquier resolución porque los terrenos no estaban cercados y entonces no se conforma el delito de usurpación".

"Por eso, el reclamo de desalojo no es a través de la Justicia penal sino civil lo que implica un juicio que tarda no menos de dos años y es más oneroso", dijo.

Pero la crisis habitacional no sólo es de Villa Gobernador Gálvez. En la ciudad de Rosario, donde gran cantidad de ciudadanos carecen de una vivienda, también preocupa la toma de tierras. Sin ir más lejos, este fin de semana personal de Control Urbano trabajó para frenar un intento de toma en la zona norte de la ciudad. Según Fernando Segurado, secretario de Gobierno de la Municipalidad, los vecinos de Juan B. Justo y Travesía denunciaron que "se estaban demarcando lotes con la instalación de palos".


 

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Daniel Garavano (Radio 2)