Hace algo más de un año, alrededor de 50 vecinos damnificados por el llamado boom de la construcción formaron una asociación sin fines de lucro destinada a la defensa de la propiedad privada. A través de esa organización encabezaron no sólo protestas públicas, sino también reclamos administrativos ante la Municipalidad para lograr que se cumplan las ordenanzas vigentes y se vele por el respeto de las propiedades linderas a las obras, algo que en la práctica en muchos casos no sucede.

En su mayoría, quienes integran la asociación ya agotaron la instancia administrativa y siguen su curso en la vía judicial por diversas causas: medianeras quebradas, cimientos afectados, paredes que debieron ser apuntaladas, además de cortes en el servicio de electricidad, caños rotos, y caída de materiales de construcción y elementos de trabajo desde los edificios en construcción hacia sus viviendas, entre otras.

“Nosotros hicimos un relevamiento en 200 obras de la ciudad donde constamos infracciones de las más variadas a la reglamentación municipal, sin que nadie haga nada para corregirlo” –asegura uno de los miembros de ´Vecimos afectados por las obras´, Jorge Álvarez, a Rosario3.com– y enumera algunas de las más frecuentes: las bandejas laterales de chapa que deben impedir la caída de materiales a la calle o hacia las viviendas linderas, no tienen el ancho estipulado, faltan vallas que delimiten las obras, volquetes donde se depositen los materiales de desecho y carteles con los datos inherentes a la obra.

“Un ejemplo gráfico de la falta de controles e inspecciones es lo que ocurre en Corrientes al 2.400, explica Álvarez. Allí hay una obra cuyas vallas no guardan la distancia reglamentaria entre ellas y el cordón, por lo cual una persona discapacitada no puede pasar. La contradicción máxima es que justo en ese lugar funciona la oficina municipal que defiende los derechos de los discapacitados”.

El reclamo colectivo llegó al Concejo y este viernes, a instancias del concejal Fabio Gentilli (Frente para la Victoria), se reunirán todas las partes interesadas –la dirección de Obras Particulares del municipio, el sindicato de los trabajadores de la Construcción (Uocra), representantes de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros y las ONG afectadas por el tema– para analizar la situación de inseguridad que afecta tanto a los transeúntes, como a propietarios linderos y trabajadores de la construcción y exigir el cumplimiento de las ordenanzas.