La Legislatura santafesina no aprobó una prórroga de la ley que suspendió la unidad económica agraria y este sábado vence la vigencia de la norma que permitió durante dos años desregular la división de campos en fracciones.
La ley que suspendió la unidad económica agraria había sido promulgada en octubre de 2007 con la oposición del Colegio de Ingenieros Agrónomos y de Federación Agraria Argentina, entre otros sectores.
La normativa permitía dividir los inmuebles agrarios más alla del tamaño mínimo establecido en cada zona de la provincia.
Los detractores de la ley sostuvieron que con esta división se terminarían partiendo campos en parcelas que no servirían para la producción.
Un estudio del Colegio de Ingenieros Agrónomos detalla que en el departamento General Obligado –por ejemplo– quedaron campos de menos de nueve hectáreas y en el departamento Caseros se registraron casos de 18 hectáreas que no sirven para producir en la región.
Para el colegio profesional, la ley “defendía intereses corporativos” porque permitía que los sectores económicos más fuertes se queden con unidades agrarias de pequeños productores.
Los ingenieros agrónomos estimaron que en Santa Fe por la vigencia de esta ley durante dos años se dividieron 200 mil hectáreas en fracciones de 27 hectáreas promedio.
“Muchas de estas fracciones no podrán volver a ser explotadas racionalmente, expulsa gente del campo y –salvo que se utilicen para canchas de golf– serán muy difícil las prácticas de manejo sustentable”, sostiene el estudio del colegio profesional.
La ley que suspendió la unidad económica agraria había sido promulgada en octubre de 2007 con la oposición del Colegio de Ingenieros Agrónomos y de Federación Agraria Argentina, entre otros sectores.
La normativa permitía dividir los inmuebles agrarios más alla del tamaño mínimo establecido en cada zona de la provincia.
Los detractores de la ley sostuvieron que con esta división se terminarían partiendo campos en parcelas que no servirían para la producción.
Un estudio del Colegio de Ingenieros Agrónomos detalla que en el departamento General Obligado –por ejemplo– quedaron campos de menos de nueve hectáreas y en el departamento Caseros se registraron casos de 18 hectáreas que no sirven para producir en la región.
Para el colegio profesional, la ley “defendía intereses corporativos” porque permitía que los sectores económicos más fuertes se queden con unidades agrarias de pequeños productores.
Los ingenieros agrónomos estimaron que en Santa Fe por la vigencia de esta ley durante dos años se dividieron 200 mil hectáreas en fracciones de 27 hectáreas promedio.
“Muchas de estas fracciones no podrán volver a ser explotadas racionalmente, expulsa gente del campo y –salvo que se utilicen para canchas de golf– serán muy difícil las prácticas de manejo sustentable”, sostiene el estudio del colegio profesional.
