Son doce en total los artículos del presupuesto 2010, convertido en ley por la Legislatura con sustanciales modificaciones introducidas por la mayoría justicialista del Senado, que decidió vetar el gobernador Hermes Binner, según anunciaron los ministros de Economía, Angel Sciara, y de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti. Además, el primero adelantó que el gobierno insistrá durante el año con el estudio de modificaciones al sistema impositivo, por lo cual no debería sorprender si en los próximos meses aparece un nuevo proyecto de reforma impositiva.
El último que presentó el Ejecutivo fue convertido en añicos por el peronismo, que le mochó su parte central, al mantener la exención en el pago de ingresos brutos para la industria y el comercio. En cambio, el PJ avaló, y se convirtieron en ley, los aumentos del inmobiliario y las patentes (en este caso del 20 por ciento), que comenzarán a llegar en las primeras boletas de 2010 que ya están en etapa de impresión.
El veto parcial del Ejecutivo al presupuesto será girado a la Legislatura, que lo debe tratar en 30 días para ver si lo rechaza o lo aprueba. Para rechazarlo, las cámaras necesitan los dos tercios de los votos, es decir algo pácticamente imposible atento a la mayoría oficialista en Diputados.
Ese veto abarca, entre otros puntos, el límite que el Senado impuso para el endeudamiento de la provincia en 2010, de 250 millones de pesos.
El proyecto original no ponía límites y el gobierno entiende que el techo impuesto traba la posibilidad de hacer el déficit previsto, de alrededor de 1.600 millones de pesos. Otra fuente para financiar ese déficit era la reforma tributaria, con la que se pretendía recaudar cerca de 800 millones, que también fue muy limitada por el PJ al anular la gravación con ingresos brutos a la industria y la construcción.
También fue rechazada la forma en que se definió la distribución del fondo sojero –formado con el dinero que se coparticipa de las retenciones–, que no irá en un 50 por ciento a los municipios como impuso el PJ, sino que se mantendrá el 70 por ciento en manos de la provincia.
Además, el gobernador rechaza la moratoria tributaria que impuso el PJ y, punto que seguramente será muy discutido, la restricción que impuso la Legislatura para el ingreso de personal a la administración pública.