Este jueves se conoció la condena contra Néstor Fabián Anchával, un hombre acusado por amenazas contra su ex pareja, desobediencia a la restricción de acercamiento y daños, con más de 36 denuncias en su contra. La víctima, Jésica Balmaceda, anhelaba la pena máxima de cuatro años y medio de prisión prevista para estos casos, pero el juez Juan Carlos Leiva sólo dictó tres. Se trata del primer juicio oral y público por violencia de género, bajo el nuevo Sistema Procesal Penal, en la provincia. El fallo es apelable.
El ingreso
Son las 13 del día jueves. Afuera está empezando a garuar y en los pasillos del primer piso del Tribunal provincial de Rosario las anécdotas sobre cuestiones triviales se entrecruzan con la ansiedad de quienes aguardan un fallo de la Justicia que le haga honor a su nombre.
Allí, entre ellos y ellas, está Jésica Balmaceda, una mujer de 29 años, madre de 4 hijos, quien espera conocer la sentencia del juez que ponga fin al calvario que vive desde 2008, cuando los malos tratos por parte de su ex esposo, Néstor Fabián Anchával, de 38 años, comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes, hasta provocar la separación de ambos, en 2010.
Ella está rodeada de sus inseparables amigas Laura y Rocío. “Las únicas que están desde antes que empezara todo y sobrevivieron hasta hoy”, dice Jésica con una sonrisa cargada de nervios a la que ellas responden con muestras de afecto. También están las mujeres de la ONG Ampliando Derechos que la acompañan en cada paso de este duro trance, la subsecretaria de Políticas de Género de la provincia, Gabriela Sosa, y un grupo de periodistas (mayoría de mujeres) que se preparan para escuchar el fallo del primer juicio oral y público por violencia de género que se realizó con el nuevo Sistema Procesal Penal en Rosario.
Como una prueba de que familia es quien está presente en los momentos cruciales de la vida de las personas (aunque no existan lazos sanguíneos que las vinculen) todas estas mujeres suplen la marcada ausencia de familiares de la víctima en este día, quizás uno de los más importantes para ella en los últimos años. Un hecho que, sin duda, realza su vulnerabilidad.
Un monitor sostenido en la pared indica que a esa hora, en la Sala 2, el juez Juan Carlos Leiva ya debería estar leyendo la sentencia sobre Anchával por amenazas coactivas. El comienzo se demora y la víctima y sus allegados son instados a ubicarse detrás de una valla para evitar el contacto con el acusado, al momento de su ingreso.
Por un pasillo lateral entra el detenido, esposado y escoltado por dos guardias que lo conducen hasta la Sala. El agresor, acusado de amenazas, desobediencia a la restricción de acercamiento y daños, con más de 36 denuncias en su contra, está de espaldas y a unos veinte metros, sin embargo, puede percibirse el efecto intimidatorio que aún provoca en su víctima.
“¿Estás bien, ma?”
Sin fotos ni cámaras, comienza la audiencia. Ésa es la consigna para la prensa emitida por el magistrado, quien busca evitar “un show mediático” que lo tenga como protagonista, a partir del valor jurisprudencial de este juicio para futuros casos de violencia de género.
Y allí está el acusado, sentado en primera fila, aguardando la lectura de la sentencia con una ininterrumpida sacudida de pies que sólo discontinúa para darse vuelta y hablar con su madre, María del Carmen, quien lo escolta sola desde la segunda fila de sillas. “¿Estás bien, ma?, le pregunta de costado, y ella le responde que sí, que se quede tranquilo y le pide al guardia que sostiene las esposas, ahora abiertas, que le alcance a su hijo un Menthoplus. Y así, saboreando un caramelo, escucha Anchával la sentencia. Sin muestras de sorpresa, sin sobresaltos.
El fallo y sus repercusiones
El juez Leiva fue escueto en su lectura y después de una sintética mención a los considerandos del caso, dio a conocer la anhelada sentencia que contempla para Anchával la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por la autoría de los delitos de amenazas, desobediencia, violación de domicilio en concurso ideal, con daño y amenazas; todos ellos, a su vez, en concurso real y por acreditación de pruebas suficientes y fundantes de su responsabilidad penal.
De todos modos, la pena quedó por debajo de lo pedido por la Unidad Fiscal de Violencia de Género, representada por la fiscal Raquel Almada, quien había solicitado una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, el máximo que prevé la ley para esta clase de delitos.
Apenas finalizada la lectura, se ordenó el desalojo de la Sala, y a diferencia de Anchával y su madre, quienes no reaccionaron ni emitieron palabra tras escuchar el fallo, Jésica y sus amigas cruzaron los pasillos ahogando en lágrimas una sola palabra: “injusticia”.
“Es totalmente injusto –dijo sollozando, Jésica, mientras se tapaba la cara con las manos –; le dieron de pena la mitad de todo lo que sufrí. Estoy llena de bronca porque el sistema (Procesal Penal) nuevo se olvida de todo lo que denuncié en el anterior”.
Tres años pueden ser eternos para quien espera, pero al mismo tiempo se reducen a un suspiro si en ese lapso una mujer tiene que reorganizar su vida y protegerse a sí misma y a sus hijos para cuando el hostigador recupere la libertad.
“Tengo tres años para buscar un lugar para mis hijos. Siento que no sirven tantos años de luchar. Tengo que buscar un lugar para irme. Él va a salir y yo tengo que seguir huyendo”, dijo visiblemente disconforme y dolida por la duración de la pena.
“Nos vamos a reunir con Jésica para ver qué quiere hacer ahora y para darle el apoyo que necesita”, dijo Gabriela Sosa, en respuesta al reclamo de la joven y su necesidad de contar con protección para cuando su agresor quede libre.
Nora Giacometto, de la ONG Ampliando Derechos, también se manifestó disconforme con la condena. “Pretendíamos un fallo ejemplificador para ponerle freno a los hostigadores, pero con esta sentencia queda demostrado que no se tiene en cuenta cuando el agresor desobedece las órdenes de restricción dictadas por la Justicia”, señaló la dirigente y explicó que “las denuncias efectuadas por Jésica y registradas en el Sistema Penal anterior, no fueron contempladas en el nuevo”.
En relación con el apoyo del Estado a la víctima, Giacometto aseguró, en diálogo con Rosario3.com, que “el Estado municipal ha estado ausente en la causa de Jésica, y que recién durante la última semana la subsecretaria de Políticas de Género se sumó al acompañamiento.
La apelación
El 13 de mayo el juez Juan Carlos Leiva dará a conocer los fundamentos del fallo y allí la fiscalía evaluará los pasos a seguir. En concreto, analizará si existen posibilidades reales de apelar la decisión.
“Yo estoy conforme con la sentencia porque hay una condena. Es una causa muy compleja en la que se enfrentan palabra contra palabra; por eso nosotros hicimos mucho hincapié en el testimonio de Jésica”, sostuvo la fiscal Raquel Almada y agregó que generalmente, en este tipo de causas, los acusados terminan absueltos.
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