“Es un error pensar que en los casos de abuso infantil se puede llegar a la verdad llevando al chico a un tribunal y preguntándole qué sucedió. Hasta ahora la ley trataba a estos chicos como grandes y no planteaba diferencias entre estas causas y las demás, lo que hacía que convertía al menor nuevamente en víctima”, explicó la diputada Lucrecia Aranda (PS), quien impulsó el proyecto aprobado este jueves en la Legislatura que establece cambios en el Código Procesal Penal de Santa Fe a la hora de tratar casos de maltrato y abuso infantil.
La norma, de la que es coautora Liliana Pauluzzi de Casa de la Mujer de Rosario, contempla la actuación de un equipo interdisciplinario en estas causas y elimina cualquier posibilidad de careo entre abusador y víctima, algo no tan habitual en los tribunales locales pero que sí tiene antecedentes en los de la capital santafesina. “Si bien cualquier cambio tiene sus resistencias, los casos en los que no se aplique esta nueva normativa podrían quedar anulados”, advirtió la legisladora, quien convocó a los familiares de chicos abusados, abogados y organizaciones civiles a hacer valer la norma, que ya es ley.
“Está claro que no existe intención perversa de dañar al chico por parte de jueces, asesores, secretarios de juzgado o abogados. Pero es algo que sucede por el propio sistema de Justicia. Hay que ponerse en la cabeza del nene o nena que rompe el silencio, muchas veces tras años de sufrimiento, para decir algo que seguramente va a producir modificaciones muy fuertes en su entorno, porque en la mayoría de los casos los abusadores son del círculo familiar o íntimo del chico. Denunciar algo así implica un esfuerzo terrible”, señaló Aranda. “Y el simple hecho de ser trasladado en móvil policial, ser conducido a un ámbito de la Justicia como los Tribunales, hacer una declaración ante un juez, las continuas revisaciones físicas y otras cosas más del proceso hacen que el chico más que sentirse protegido se sienta un acusado. Incluso si esa no es la intención”, aseguró la diputada.
Lo que establece el proyecto aprobado, que había obtenido media sanción en Diputados el 18 de noviembre de 2005 pero que recién este jueves logró el apoyo de los senadores, es que el juez que interviene en una causa de abuso o maltrato de un menor de dieciséis años debe obligatoriamente conformar el equipo interdisciplinario y darle intervención en el caso. Entonces el equipo hace una primera intervención y un primer informe de toda la situación. En función de ese primer informe el juez puede decidir participar o no como oyente en la entrevista. Se plantea, al igual que en el Código Procesal Penal de la Nación, la posibilidad de que la entrevista sea seguida, a través de una cámara por el juez y por algún otro auxiliar de justicia que estime el juez.
“Hay que entender que denunciar un abuso infantil no es denunciar un robo de bicicleta. Cualquier nena o nene va a poder decir que pasó si alguien robó, pero si sucedió algo profundo se ponen en juego muchas cosas y es difícil que pueda contar lo que sucedió. Esto hace que en muchos casos de abuso infantil nunca se llegue a la verdad. Así entonces se entiende la importancia de que haya profesionales especializados trabajando en estos casos y que se tengan especiales cuidados”, concluyó Aranda.
