La “casa del horror” en la localidad de Álvarez, ubicada a 20 kilómetros de Rosario, sigue bajo la lupa de los peritos y en las últimas horas el personal que trabaja en el domicilio dio cuenta del hallazgo de huesos humanos que fueron remitidos al Instituto Médico Legal (IML).

El chalet devenido aguantadero, ubicado en el cruce de las calles Cerrito y Güemes, estaba usurpado al menos desde 2014 y fue allanado y desalojado desde el viernes por la noche.

Según trascendió, en alguna oportunidad fue tiroteado y hay vecinos que aseguran que en el lugar se practicaban ritos umbanda o de “magia negra”.

Los adultos que convivían con dos menores de edad –uno de ellos padre de las nenas– fueron imputados por abuso sexual este martes. A la par, la sospecha de que en el domicilio había restos óseos motivó un peritaje que en las últimas horas arrojó resultados positivos.

Según indicaron fuentes policiales, en el entretecho del aguantadero los peritos dieron con bolsas que contenían cocaína –no se especificó la cantidad–, una balanza digital, seis proyectiles y un cargador de proyectiles 9 milímetros. Pero el hallazgo que provocó sorpresa fueron huesos humanos: cúbito, radio y un pedazo de cráneo.

El caso se destapó a partir de una denuncia de la secretaría de Desarrollo Social municipal, que seguía el caso de las niñas desde hace al menos tres años, señaló a El Tres el funcionario Adrían Díaz.

“Hicimos una denuncia. La situación de vulnerabilidad social era terrible. Lo vimos desde afuera y cuando tuvimos la posibildad de entrar fue terrible. Ahora necesitan estudios médicos y atención psicológica. Lo primordial es que ellas estén mejor”. Las niñas, entretanto, permanecen en un hogar de resguardo.

El funcionario puso de relieve la falta de higiene y de alimentación; de vacunas, de control médico de las niñas, de 9 y 11 años.

En el operativo trabajó personal de la comisaría local, Comando Radioeléctrico, del SAMco, Bomberos, municipal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Imputaciones

 

En tanto, en el Centro de Justicia Penal (CJP) este martes fueron acusados los adultos que vivían en la casa usurpada.

A Marcelo Javier Rivero, pintor de 38 años oriundo de Corrientes, le atribuyeron haber abusado sexualmente de las hijas de 9 y 11 años de Alberto E., con quienes convivía en la casa usurpada, al menos desde octubre de 2021 hasta el pasado 16 de noviembre.

También el fiscal citó evidencia para atribuirle la violación de una joven de 22 años en agosto. Rivero, dijo el fiscal, aprovechó que la víctima estaba bajo los efectos de drogas y la privó de su libertad para abusarla. Al otro día, la trasladó a su domicilio.

También le atribuyeron la usurpación del inmueble desde 2014 hasta la semana pasada, esto es “haber invadido, ingresado y permanecido, mediante clandestinidad y sin autorización, despojando totalmente de la posesión” a quien detenta el derecho real de dominio sobre dicho inmueble, “quien le había solicitado que lo desalojara en diversas oportunidades, a lo que hizo caso omiso”.

Alberto Matías E., de 39 años, oriundo de la provincia de San Luis, es el padre de las víctimas.

El hombre, que dijo ser albañil, quedó detenido por el plazo de ley bajo calificación de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido contra una menor de 18 años en calidad de partícipe primario.

“Desde octubre de 2021 hasta el 16 de noviembre de 2022 violó su rol de padre y encargado de la guarda de sus hijas, y prestó una colaboración de manera omisiva, es decir permitió, toleró, no detuvo ni denunció los abusos”, le atribuyó el fiscal Raggio.