La banda que fue imputada este jueves por introducir armas al mercado negro hacía operaciones de venta "sin importar a quién y para qué finalidad". Así lo dijo la fiscal Valeria Haurigot de la causa, quien agregó que los clientes iban desde personas que se dedican a la caza hasta sicarios. Adelantó que abrirá una investigación paralela a uno de los acusados que quedó preso en la audiencia imputativa, ya que no puede justificar con su trabajo de sodero la adquisición de la cantidad de armas (18) y balas (2.500) que le secuestraron en la casa.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Haurigot explicó que la investigación duró dos meses y contó con la participación de un "agente revelador", que es un policía que se hace pasar por cliente para adquirir armas y municiones con dinero que previamente es autorizado por el Ministerio de Seguridad para reunir evidencia. "Fueron cinco operaciones. Se fueron midiendo porque corre riesgo (el policía). Por eso también pusimos un freno en la causa porque consideramos que el tiempo era más que suficiente para avanzar", señaló.

La fiscal explicó que la organización primero accedía a vender armas para caza y luego, a medida que se aceitaba una relación de confianza con el cliente, ofrecía armas de otros calibres y municiones. "Las primeras armas que se compraron fueron fusiles y carabinas que habían sido robadas en Córdoba", aseveró.

"No les importaba a quiénes vendían ni para qué lo iban a usar. Puede ser desde un sicario hasta una persona que caza", manifestó.

La organización, según expresó Haurigot, incluía en las operaciones de venta el "servicio" de brindar tarjetas de consumo de municiones en armerías. En ese marco, criticó "los huecos" que tiene el sistema de control de la Anmac y aseguró que hicieron "un enchastre".

"No preguntaban si tenías tarjetas para municiones ni para qué finalidad las querías. Lo daban como un servicio. La Anmac funciona bastante mal. Ya se lo planteamos a la jueza. En Rosario podés ir a cazar en cotos de caza o disparar en clubes de tiro. Si una persona con su tarjeta adquiere frecuentemente armas, municiones, y no está asociado a club de tiro o en cotos de caza, eso termina siendo un enchastre", amplió.

La fiscal remarcó que la caja de 50 balas calibre 9 milímetros la organización la comercializaba a 3.500 pesos. Si bien el valor depende del calibre, una pistola calibre 22 y otra calibre 45 fueron vendidas a 85 mil pesos al "agente revelador" y un fusil de caza calibre 300 fue vendido en 100 mil pesos.

Por el momento, los ocho imputados fueron acusados por las operaciones hechas con el policía encubierto. No obstante, de las pericias telefónicas de esas personas se podrá establecer a qué otras personas le vendieron armas y municiones, y qué otros actores participaron.

Por otra parte, anticipó que investigarán al sodero José Luis Andino –que quedó preso– porque con su actividad laboral no puede justificar cómo adquirió las 18 armas –de las cuales 9 eran largas– y las 2.500 municiones de distintos calibres que fueron incautadas en su domicilio de Bermúdez al 6600, en la zona sur de Rosario.