La fiscal Valeria Haurigot dijo que una represalia por las prisiones preventivas dictadas al término de la audiencia a la asociación ilícita encabezada por el narcotraficante Julio Andrés “Peruano” Rodríguez Granthon es una de las principales hipótesis para explicar el tiroteo del miércoles por la noche contra el predio de Televisión Litoral (TVL) y las dependencias penitenciarias. Y cargó contra la burocracia propia de la Justicia Federal y la falta de coordinación con los fiscales provinciales en las investigaciones.
En diálogo con De Boca en Boca (Radio 2), la funcionaria del Equipo para el abordaje de delitos cometidos con armas de fuego (Unidad de balaceras), explicó esta hipótesis: “El día del ataque a TVL habíamos terminado una audiencia muy larga que veníamos desarrollando con el fiscal Franco Carbone desde el 16 de diciembre. Y sabíamos que la resolución (de prisión preventiva dictada por la jueza Melania Carrara) no era del agrado de personas que tienen cierto poder de fuego”.
Y agregó que durante las seis jornadas de audiencias en las que se acusó a la banda del Peruano, “hubo un clima muy tenso, más de lo normal. Y había alertas: siempre hay un tipo de vuelto o represalia o llamado de atención”. La fiscal recordó una situación similar en mayo, al término de las maratónicas audiencias en las que fue acusado un grupo de más de 20 personas que –según la teoría fiscal– recibía órdenes de Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, patriarca de la banda de Los Monos.
En el caso de la presunta asociación ilícita atribuida al Peruano Granthon, los allanamientos del 12 de diciembre incluyeron el secuestro de camiones que serían parte de capital financiado con fondos ilícitos. “Nos metimos con la plata de ciertas personas y esto puede explicar un poco que (los atentados a TVL y a los edificios penitenciarios) vengan por ese lado”, deslizó la investigadora. Pero aclaró: “No se descartan otras líneas invesgativas”.
Haurigot también expuso un cúmulo de críticas al accionar de la Justicia Federal en Rosario y la región. Y comparó la metodología de trabajo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), es decir las fiscalías penales de la Justicia ordinaria, con el sistema “feudal” y “engorroso” de los juzgados federales.
“La Justicia federal no está a la altura del trabajo que tenemos nosotros o al menos no podemos coordinar con ellos”, remarcó. Y dijo que “a fines de 2021 hubo una reunión con referentes de la justicia federal como el procurador interino Eduardo Casal –el jefe de los fiscales federales– y el integrante de la Corte Suprema Horacio Rosati. En ese cónclave “se estableció un esquema de trabajo para mejorar la performance de las investigaciones y durante 2022 esto no pasó”.
Además, la funcionaria del MPA abogó por una ley de desfederalización del narcomenudeo en el territorio provincial.
“Todo lo que tiene que ver con drogas, desde algo muy chico a lo grande, lo lleva la Justicia Federal. Desde mi punto de vista, la desfederalización sería una herramienta para que desde la justicia provincial se pueda abordar todo lo que tenga que ver con «lo chico, lo fraccionado para la venta», más las asociaciones criminales que realizan este y otros tipos de delito”.
En ese sentido, excluyó de esta órbita a los grandes narcos. “Que la Justicia federal avance por arriba”, pidió.
Para Haurigot este esquema actual “claramente trae consecuencias en la vida cotidiana”.
En el ámbito federal, “no se avanzó de la misma manera en que lo hacemos nosotros. Nosotros vamos investigando con nuestros analistas a partir de información de telefonos celulares. Vamos conectando. Hacemos el procedimiento, las detenciones, vamos a audiencia y seguimos para adelante. Buscamos las prisiones preventivas, pero la gran falencia es la delincuencia (que opera) desde la cárcel”, valoró la fiscal.
