Esta semana imputaron a dos policías acusados de colaborar con una célula de la banda de los Monos, y también a un operador financiero informal –arbolito– que hizo de intermediario con un ex policía exonerado para la compra de dólares con fondos de presunto origen ilícito. En ese marco, fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada indicaron que esos avances sobre una presunta asociación ilícita mixta son parte de una investigación que muestra “cómo es el problema de la infiltración y de la influencia que tienen ciertos sectores policiales en la toma de decisiones que repercuten en la seguridad pública”. En otras palabras, del lobby de uniformados con intereses oscuros que “participaban de decisiones a nivel ministerial” para obtener favores o cobertura.

Ello, a criterio de la acusación, quedó al descubierto, en parte, con los chats entre el barrabrava de Newell’s ligado a los Monos Guillermo “Chupa” Sosa y su socio Juan José Raffo, el ex policía –hoy prófugo– que fue condenado en 2017 a 5 años de prisión por filtrar información a los Monos.

En esas charlas citadas como evidencia que fueron extraídas del celular de Chupa Sosa –imputado y preso como presunto ideólogo del asesinato de Nelson “Chivo” Saravia–, parece existir un interés particular en los jefes policiales del “norte”. Para los fiscales: el norte es la zona de San Lorenzo y jurisdicciones vecinas a dicha ciudad, que corresponden a la Unidad Regional 17.

Poco antes de ser detenido el barrabrava Sosa, que respondería al jefe de los Monos Leandro “Pollo” Vinardi, recalca su interés en que Raffo le habilite una línea con la plana mayor de ese departamento: “Necesito juntarme con los nuevos esos que vinieron, con los nuevos de allá del norte, necesito juntarme cuanto antes”.

Ello, luego de que Raffo explicitara en razón de los cambios policiales en San Lorenzo y el Cordón Industrial “iban a poner gente conocida”.

Sosa mostró entusiasmo con estos cambios posibles, que podrían ser una oportunidad de negocios. Y hace referencia a que en el Cordón Industrial habría gente que opera en mercados ilícitos sin abonar cobertura. “Sí, olvidate –le propone a Raffo–. Está muy bueno que estén los conocidos, está muy bueno. Porque hay muchos que están gratis ahí, están gratis viste y se hacen una fiesta”.

El timing de los mensajes, indicaron los fiscales, coincidió con los cambios en las cúpulas policiales de abril de 2022, aunque los acusadores no explicitaron si estos se produjeron conforme los deseos de Raffo y Sosa.

Los fiscales Matías Edery y José Caterina indicaron que una situación análoga se pudo vislumbrar en el juicio a la banda del capo narco Esteban Alvarado que terminó con condena perpetua para el principal acusado, por los delitos de homicidio, asociación ilícita y lavado. En ese universo seis policías fueron condenados en juicios abreviados como miembros de la banda: Cristian Di Franco, los hermanos Marcelo y Martín Rey, Javier Makhat, Luis Quevertoque y Jorgelina Cháves.

Durante el juicio a Alvarado, la acusación expuso un audio de 2012 en el que a Alvarado “lo usaban como una especie de influencer, como una persona que incidía para ver a quién nombraban como jefe de Policía previo a la designación de (Cristian) Solá como jefe. Exhibimos un audio de unos tres meses aproximadamente de antes de esa designación en donde a él le pedía Di Franco, una persona que fue condenada, que hable con otra persona para decirle que quien sería el jefe de Policía era Solá”, indicó Matías Edery.

“No podemos decir que Alvarado decidía quién era el jefe de Policía, pero sí que un sector de la Policía vinculado en ese momento al área de drogas le pedía a él que mostrara su beneplácito de que Solá iba a ser el jefe de Policía”, consideró uno de los fiscales que acusó a Alvardo durante el juicio.

Esta semana quedaron detenidos en prisión preventiva los policías que supieron pertenecer a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Luciano “Lucho” Arellano y Marcos Barúa, cuyos vínculos con “Chupa” Sosa, en el caso de ambos, y con Raffo, en el caso de Arellano, sería apenas la punta del iceberg de un accionar que –adelantan– escalaría a niveles de connivencia más altos.

Así lo explicaron los acusadores al mencionar en conferencia de prensa que “la investigación es mucho más grande y habla, entre otros puntos, de las dinámicas policiales. Gran parte de la situación de la seguridad pública tiene que ver con la participación de la Policía en muchos de los hechos y organizaciones criminales y acá se empieza a ver que, en una de las organizaciones más violentas, participa una parte de la Policía”.