El subcomisario Iván Aguirre, de 42 años, fue imputado en la mañana de este jueves tras el hallazgo en su domicilio de dos autos robados en Buenos Aires de los que no tenía documentación. Incluso, uno de los vehículos tenía la patente de un patrullero que estaba fuera de servicio. Al momento de ser detenido, se desempeñaba como subjefe de la comisaría 12ª de barrio Ludueña, una de las zonas más conflictivas en materia de criminalidad de Rosario.

El fiscal Gonzalo Fernández Bussy, de la unidad de Violencia Institucional, acusó al subcomisario por presuntas irregularidades ocurridas entre el 1º de julio de 2020 y el 16 de marzo de este año, durante su gestión a cargo del depósito judicial de la zona sur, en avenida Francia al 5000.

En ese período de tiempo, según el fiscal, Aguirre no informó a sus superiores por el incendio de cinco autos dentro del depósito que estaba bajo su responsabilidad. Asimismo, le atribuyó no haber comunicado a sus jefes el robo de seis vehículos que habían sido remitidos por la División Judiciales a ese predio entre noviembre del año pasado y enero de 2022. 

Además, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó al subcomisario por el hallazgo en su casa de Domingo Candia al 2700 de una Volkswagen Amarok que había sido remitida al depósito judicial de zona sur el 15 de abril de 2020, cuyos guarismos figuraban con pedido de secuestro activo en Buenos Aires

La camioneta, a su vez, tenía colocada la patente de un móvil policial del Comando Radioeléctrico de Funes que estaba en el depósito automotor judicial por encontrarse "fuera de servicio".

En la casa del subcomisario también fue incautado un Volkswagen Vento que fue robado en La Matanza el 26 de abril de 2019 y que tenía otra patente.

En resumen, Iván Aguirre fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con omisión de denuncia, sustracción e inutilización dolosa de elementos probatorios, hurto agravado por ser funcionario público encubrimiento agravado en calidad de funcionario público, todo en concurso real y consumado. La jueza Paula Álvarez dictó la prisión preventiva efectiva por el término de ley