Veintiún policías comenzaron a ser juzgados por delitos que van de los apremios ilegales y las torturas al incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros, por la brutal e injustificada aprehensión de siete jóvenes que pasaban la noche en una plaza de Mendoza y Provincias Unidas, en barrio Belgrano. El caso llegó a debate después de ocho años. La Fiscalía pidió penas que van de cinco a diez años de prisión. Todos los imputados llegaron al banquillo en libertad.
El juicio está a cargo del tribunal integrado por los jueces Florentino Malaponte, Gonzalo López Quintana y Fernando Sosa, mientras que la fiscal Karina Bartocci está al frente de la acusación. La querella está a cargo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh).
El episodio de abuso policial ocurrió el viernes 23 de marzo de 2018 a las 4 en Provincias Unidas y Mendoza, donde un grupo de siete jóvenes –seis varones y una mujer de entre 21 y 24 años– se encontraba reunido, sentado en un banco de una de las cuatro plazas, conversando.
De acuerdo con la acusación fiscal, dos de ellos se dirigieron en moto a un quiosco cercano cuando notaron que los seguía un patrullero con las luces apagadas, que empezó a acelerar sin dar la voz de alto. Ese fue el comienzo del desaguisado policial.
Los de la moto volvieron al lugar donde estaban reunidos y la joven bajó del rodado; el conductor continuó su marcha y advirtió que lo seguían varios móviles. No muy lejos, en Provincias Unidas y San Lorenzo, resolvió detenerse y los agentes Ariel G. y Gastón F. lo aprehendieron.
“Lo tiraron al piso, le quitaron sus objetos personales y lo golpearon en el lado derecho de las costillas con los borcegos. Corroboraron que la documentación de la moto indicaba que era el titular y, sin embargo, lo trasladaron a la cúpula del móvil policial tipo chata y se dirigieron hacia las cuatro plazas”, dijo la Fiscalía sobre el brutal accionar policial.
Simultáneamente, cuando la acompañante bajó en las cuatro plazas, llegaron en un móvil del Comando Radioeléctrico los suboficiales Mariano S. y Erica D., quienes se acercaron empuñando un arma reglamentaria y una escopeta antitumulto, pidiendo que los jóvenes se apoyaran contra el móvil para ser requisados “sin fundamento legal”, aclaró la acusación.
En ese marco, “Erica D. insultó y tomó por los cabellos a la muchacha y la ingresó al móvil a la fuerza, mientras Mariano S. apuntó con su arma a otra de las víctimas que le pidió explicaciones y, tras insultarlo, lo golpeó con la mano abierta y luego con el arma, dándole un culatazo en la frente”.
En una actitud defensiva, uno de las víctimas empezó a correr hacia Provincias Unidas, momento en el que Erica D., sin motivo, le disparó con la escopeta antitumulto y le pegó en la pantorrilla izquierda. A este joven, además, le cortaron una de sus rastas.
Seguidamente, Mariano S. empuñó su arma reglamentaria y apuntó en dirección al joven lesionado, mientras los jóvenes, que estaban boca abajo, le gritaban que no disparara.
Mariano S. los miró y, de manera atemorizante, les manifestó que se quedaran en el piso. Luego empezó a correr hacia la víctima lesionada, recorrió unos metros y regresó al lugar inicial. Arribaron más móviles policiales.
Uno de ellos, tipo chata negra, avanzó a gran velocidad hacia donde estaba la víctima mencionada e intentó arrollarla.
Mientras tanto, la violencia iba in crescendo. Varios agentes bajaron de los patrulleros en las cuatro plazas. Uno de ellos, Walter D., esposó a uno de los jóvenes y le aplicó un golpe de puño.
La agente Ángela G., que venía a bordo en el mismo móvil, bajó a la mujer con el fin de requisarla, mientras la oficial Erica D. continuó insultándola y le aplicó un golpe en la cara con la mano abierta.
Posteriormente, en distintos móviles, el personal policial trasladó a todas las víctimas hasta la cercana ex Comisaría 14ª, ubicada en Marcos Paz 6650, donde hoy funciona la Comisaría de la Mujer.
La vejación continuó. Durante el breve trayecto, el uniformado Mariano S. amenazó de muerte a la joven, mientras que el suboficial Walter D. se burló y les expresó que les colocarían armas y estupefacientes.
Los seis varones fueron trasladados a un patio vidriado donde los esposaron unos a otros y los obligaron a permanecer de pie durante horas, siempre en un clima de agresión verbal, continúa la acusación.
En esas condiciones, Mariano S. y Erica D. tomaron fotografías con sus celulares particulares.
El suboficial Walter D. solicitó los datos de todos y efectuó un golpe en la cara a una de las víctimas porque erró en la numeración de su domicilio.
Seguidamente, el mismo agente se acercó a otro de los damnificados, que se encontraba esposado contra la pared, le apoyó sus genitales, le propinó un golpe en la cabeza y le dirigió palabras agraviantes.
Inmediatamente, el agente Mariano S., que se encontraba presente, ordenó a Walter D. que le quitara las esposas a uno de los varones y que se desnudara.
Mientras, la joven, esposada, fue retirada con violencia del móvil policial por parte de la suboficial Ángela G. y conducida a la rastra hasta un pasillo, donde se la obligó a permanecer de pie durante horas con el rostro contra la pared. Durante ese tiempo, la suboficial Erica D. la tomó violentamente del flequillo y la fotografió con su celular. Ángela G., ante las manifestaciones de la víctima en cuanto a que se encontraba dolorida por las esposas, se acercó y se las ajustó más, dejando las marcas que luego se constataron en la muñeca y la mano izquierda.
Los jóvenes estuvieron esposados hasta aproximadamente las 16 o 17 del 23 de marzo, siendo objeto de burlas, insultos, amenazas, golpes, manifestaciones obscenas y vejaciones por parte del personal policial.
Al momento de la liberación, la confección de las actas y la devolución de las pertenencias, uno de ellos notó que le faltaban 300 pesos de su billetera; otro constató que le faltaban 2.000 pesos y que la tarjeta de crédito estaba cortada. Todos los imputados firmaron el acta de procedimiento del 23 de marzo de ese año, donde insertaron datos que la Fiscalía señaló como falsos.
En la primera audiencia las partes expusieron sus alegatos, mientras que jueves y viernes será el turno de las declaraciones de las víctimas. En principio, el debate se extenderá –con unos 50 testimonios– hasta el 9 de marzo. Tras ello, los jueces fijarán fecha para dar a conocer su decisión.
