Empresarios sin escrúpulos que juegan con fuego en pos de conseguir sus objetivos económicos. Un gremio que, en la desesperación, decide imponer la fuerza al diálogo, en el marco de un conflicto que abre la puerta a la participación de sectores oscuros como barras y agitadores expertos. Tentáculos mafiosos que llegan cada vez más lejos y tienen la decisión de convertir a Rosario en campo de acción de sus estrategias de terrorismo urbano. Internas policiales que embarran la cancha y complican el accionar de una fuerza de seguridad a la que le falta profesionalismo, voluntad e incentivos para combatir el delito. Incapacidad, impotencia del Estado para conducir políticamente a la policía, prevenir lo que es claramente prevenible, garantizar la paz social y también para encarrilar una disputa –la de Terminal Puerto Rosario (TPR) y sus trabajadores– de la que se ocupó tarde y mal. La violencia ya no como fenómeno sino como cultura.
Todo eso combinado fue lo que produjo las dolorosas imágenes del jueves: manifestantes que irrumpen primero en el Concejo y después de la Municipalidad para generar caos y destrucción, al punto de que tiraron abajo una puerta centenaria del Palacio de los Leones. Un cóctel explosivo que sube un nivel más la sensación que los rosarinos tenemos desde hace tiempo: estamos indefensos; habitamos una ciudad en la que no hay control para la actividad delictiva y que, por eso, atraviesa una situación que por momentos parece preanárquica.
En ámbitos políticos y económicos locales hay una convicción: la conducción de Terminal Puerto Rosario, encarnada por Vicentín, apostaba a que el conflicto con los trabajadores derivara en un estallido como el de este jueves. El objetivo sería doble: que la postura de los estibadores que reclaman por sus salarios perdiera legitimidad y, a la vez, mejorar sus condiciones de negociar una mayor flexibilidad en las exigencias contractuales, por ejemplo en materia de inversiones a cumplir.
La tensión venía en aumento desde hace tiempo. Despidos, incumplimientos laborales, intransigencia empresaria en las reuniones paritarias abonaron ese clima, que terminó de imponerse con la falta de pago absoluta de los sueldos de diciembre a trabajadores que, como dijo el referente sindical César Aybar este viernes en Radio 2, viven al día, no tienen ninguna capacidad de generar ahorro.
La bronca se expresó con fuerza en los últimos días en los piquetes que interrumpieron repetidamente el tránsito en Acceso Sur. Esas protestas ya traían la marca de una violencia que venía increscendo, algo que palpaban los conductores que padecieron los cortes de tránsito.
El fiscal y la policía
En ese marco, según él mismo relató al programa Radiópolis de Radio 2, el miércoles el fiscal Carlos Covani ordenó a la policía que impidiera que se volvieran a instalar los piquetes, que “hicieran cesar el delito”. “No tenemos gente ni recursos”, dijo que fue la respuesta que encontró de parte de los jefes policiales con jurisdicción en la zona.
Lo del día siguiente fue aún más grave: a pesar de que se sabía que de la marcha de portuarios que iba a pasar por el Concejo, la Municipalidad y la Gobernación, y que la ciudad entera respiraba el clima de violencia que rodeaba el conflicto, no se dispuso ningún tipo de custodia especial.
El fiscal Covani, sentado en su oficina, se enteró de los desmanes por un llamado de la secretaria de Control de la Municipalidad, Carolina Labayrú. De acuerdo a su propio relato eran cerca de las 11.30. Pero los actos de vandalismo habían empezado bastante antes, durante el trayecto de la marcha desde el puerto a la Municipalidad, que era acompañada de manera absolutamente pasiva por un patrullero policial desde el que, según lo dicho por el fiscal –al que no se le ocurrió apersonarse en el lugar de los hechos–, ni siquiera se dio aviso de lo que pasaba.
Cuando Covani, alertado por los funcionarios municipales, pidió que actuaran, se encontró casi con la misma respuesta que el día en que quiso impedir los piquetes: eran pocos los agentes en el lugar e intentar una acción represiva se volvía imposible.
Más de lo mismo
¿Negligencia? ¿Complicidad? ¿Alguna mano oscura? ¿Falta de conducción? “Un poco de cada cosa”, admitió una fuente del gobierno provincial consultada por Rosario3. Más de lo de siempre, podría ser la conclusión: todos esos elementos también estuvieron presentes, por ejemplo, en agosto pasado, cuando desconocidos pintaron, también en la Municipalidad, la leyenda “Plomo y humo, la costumbre de matar”. Esa crisis terminó con la renuncia del anterior ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, y su reemplazo por el actual, el silencioso Rubén Rimoldi, a quien ni siquiera la gravedad de estos hechos sacaron de su eterno silencio público (¿alguien que no frecuente su intimidad se acuerda del tono de voz del ministro?).
“La liberación de la zona por parte de la policía fue total”, se quejó una fuente de la Municipalidad, que accedió a los videos que la Intendencia presentará en la Justicia como ampliación de la denuncia por la irrupción violenta en el Palacio de los Leones de los manifestantes portuarios.
En las imágenes se ve la actitud pasiva de la fuerza de seguridad y también que los manifestantes utilizaron varios vehículos de apoyo, algunos de cuyos propietarios ya fueron identificados. La fuente municipal consultada para esta nota dijo que en uno de esos autos estaba Alberto Martínez, líder de Apropol, el autopercibido sindicato policial jamás reconocido oficialmente como tal.
Martínez es un personaje siempre sospechado de agitar las internas en la fuerza de seguridad, al punto de que fue procesado por la Justicia federal por haber instigado una sedición policial en diciembre 2013. El dato de su presencia este jueves en la Municipalidad figura en la denuncia que presentó el intendente Pablo Javkin en la Fiscalía. Allí se sostiene que de acuerdo a “referencias de testigos presenciales” y el contenido de “videograbaciones” durante los incidentes, en la esquina de Buenos Aires y Santa Fe, había estacionado un utilitario “en donde aguardarían representantes de Apropol”.
Alberto Martínez es cuñado de César Aybar, el titular del sindicato portuario. Pero fuentes cercanas al líder gremial aseguran que “hace dos años que no se hablan” y que las diferencias políticas entre ellos son irreconciliables.
Aybar habló con Radio 2 sobre la presencia de infiltrados, pero no los identificó. Las fuentes gremiales consultadas por Rosario3 apuntaron al Polo Obrero. De acuerdo a la versión de los dirigentes del Supa, mientras la comisión directiva del sindicato mantenía una reunión en el Concejo con los integrantes de la comisión de la Hidrovía, los militantes de la agrupación de izquierda habrían impulsado a los manifestantes a ir hacia la Municipalidad y realizar la irrupción violenta.
El Polo Obrero aclaró que sí acompañan desde un principio la lucha de los trabajadores que este mes no vieron un peso de sus sueldos y los pasados cobraron parcialmente, pero que nada tuvieron que ver con los episodios de violencia de este jueves.
En la denuncia municipal consta que uno de los vehículos de apoyo que se apostó frente al Palacio de los Leones durante la violenta irrupción de los manifestantes está a nombre del propio sindicato portuario: se trata de una camioneta Chevrolet que también se puede ver en los videos. En la filmación a la que accedió Rosario3 no se observan militantes del Polo Obrero.
Fuentes políticas ven también sobre estos hechos de violencia y sobre otros que buscaron anteriormente generar conmoción pública, como el ataque armado a Televisión Litoral, el largo brazo de las organizaciones narcodelictivas, comandadas por sus jefes desde las cárceles. Las bases del Supa, por caso, provienen en gran parte de los mismos barrios donde históricamente montaron sus dominios los integrantes de la banda de Los Monos, a quienes responderían además barras bravas con habitual participación en movidas sindicales.
Desgobierno de la seguridad
El jueves a la mañana, mientras todo esto sucedía, el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin compartían muy cerca de la Municipalidad, en el Hotel Savoy, un panel sobre biotecnología con el ministro del Interior, Wado de Pedro. Los funcionarios vieron el primer video de lo ocurrido en el Palacio de los Leones y en algún momento corrió el rumor de que los portuarios iban a ir hasta allí, cosa que no ocurrió: se dirigieron a Gobernación, donde, intervención de Aybar y el resto de la conducción del gremio mediante, ya no hubo incidentes.
Este viernes, con más filmaciones, la ya criticada actitud policial quedó aún más en cuestión. “Cuando los portuarios salen de la Municipalidad se ve al puñado de policías presentes que los miran en estado de pasividad total. Faltaba que los abracen”, ironizó una fuente municipal.
Mientras tanto, fuentes de la provincia admitieron la deficiente actuación policial pero dejaron entrever su voluntad de intentar que el conflicto no escale políticamente. “Estamos reconstruyendo todo lo que pasó y vemos que es una situación operativa que tendremos que revisar con los jefes de la Policía provincial y de la Unidad Regional II”, dijeron.
Así, buscaron limitar la responsabilidad a la propia fuerza, acaso para impedir que esta vez el escándalo termine con la renuncia del ministro de Seguridad.
Sin embargo, hace rato que Rubén Rimoldi parece estar al borde del retiro, entre su propio hartazgo y las internas de un ministerio en el que la botonera económica sigue en manos de Ana Morel, la funcionaria que no pudo responder en la Legislatura los cuestionamientos por la subejecución presupuestaria en un área en el que la falta de recursos tiene una evidencia diaria con el fracaso en el combate del delito.
Los tristes episodios de este jueves lo desnudan una vez más: hace demasiado tiempo que no hay gobierno sobre la seguridad. En un escenario así, siempre gana la violencia.
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