El discurso que este domingo dará el gobernador Omar Perotti ante la Asamblea Legislativa tiene más interés desde el punto de vista político que de gestión, a pesar de que la enumeración del trabajo de cada ministerio se llevará el grueso de las dos horas y media que se espera que durará la exposición.
La idea de entrar al Palacio Legislativo rodeado de una manifestación trabajada desde sindicatos y comunas para que sigan el discurso desde la explanada habla de la necesidad que tiene el gobernador de mostrar fortaleza al resto del peronismo y a la Legislatura, con la cual la relación sigue empantanada como desde el primer día. Algo así como “no los necesito, el apoyo que no tengo aquí adentro lo puedo obtener afuera” y que en parte explica la ausencia de diputados y senadores que se pongan la camiseta del gobernador a la hora del debate legislativo.
Se descuenta que en el discurso el gobernador volverá a marcar diferencias con el gobierno nacional, como ya lo hizo días pasado en la Bolsa de Comercio. Falta saber hasta qué punto tensa la cuerda para tomar distancia en materia de medidas económicas, obras de infraestructura y seguridad.
En ese contexto, Sergio Massa abrió una franquicia del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento en Santa Fe y puso al frente al casildense Oscar Meli. Otra ventanilla de atención directa que se abre salteando al Gobierno provincial, que hasta aquí intermediaba las obras de cloacas y agua potable con intendentes y jefes comunales a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat que comanda la bielsista Silvina Frana.
En el peronismo santafesino hay quienes creen que es posible (e imprescindible) que 2023 los encuentre a todos como en 2019 siendo parte de un mismo proyecto. En el mientras tanto, la disputa por espacios de poder tensa el relacionamiento entre los espacios internos y pone en riesgo ese objetivo.
El arte de la no negociación
A 72 horas de presentarse ante las cámaras, el gobernador y la Legislatura volvieron a chocar. El mandatario optó por retirar todos los pliegos para cubrir vacantes de jueces cuando la Asamblea Legislativa ya estaba sesionando y se disponía a aprobar 6 de los 10 enviados por el Ejecutivo. Visto desde la óptica del gobierno, la Legislatura se aprestaba a “rechazar” 4 de 10.
Primero comunicó a través del senador Rubén Pirola que retiraría los 4 candidatos objetados, pero luego dobló la apuesta y se llevó los 10, incluidos los que estaban a punto de ser votados a favor, sino por unanimidad por amplia mayoría. Una maniobra de la cual no alcanza a visualizarse el beneficio para el gobierno, salvo que piense que de esta manera le bloqueó una victoria legislativa a la oposición. Parte de esos pliegos ya los había retirado en una Asamblea Legislativa anterior porque no tenían acuerdo. Ahora los volvió a enviar sin que nada hubiese cambiado previamente, por lo tanto el resultado era de esperar que fuese el mismo.
Resultado que no hace más que desgastar a los negociadores del oficialismo y a los candidatos que se prepararon para rendir concursos durante varios meses. Pero además, retirar los pliegos implica dejar sin solución el acuciante problema de las vacantes en la Justicia cuando podrían haberse ocupado el 10% de las sillas vacías. En el Poder Judicial los ánimos están alterados: la Corte semanas atrás había reclamado que de 374 jueces 57 estaban vacantes; ahora fue el Colegio de Magistrados de zona sur el que hizo “un llamado a la reflexión a todos los estamentos del Estado” tras el fracaso de la Asamblea Legislativa.
Fuentes del gobierno justificaron el retiro de pliegos en que “hay sectores de la oposición que usan cualquier motivo para desgastar” al gobernador. “Hasta última hora buscaban en Facebook a ver si uno de los candidatos una vez había escrito Macri gato para impugnarlo”, protestaron desde la Casa Gris. Pero en el arco opositor señalan que hay una intención desproporcionada del gobierno por resolver las vacantes en Rafaela relegando al resto de las jurisdicciones donde también hay dificultades. “Pasó en el anterior envío de pliegos y ahora de nuevo, y entre ellos mandan al hermano de un ministro y a la suplente del senador por Castellanos, que a la vez es la escribana de la Municipalidad de Rafaela, nunca ejerció la abogacía y dejó muchas dudas en la entrevista con los legisladores. Además, están en guerra política con todos en todos los frentes, ¿qué le hizo pensar al gobierno que en este tema iba a ser distinto?”, refirió un referente de la UCR.
Seguridad
Por otra parte, el gobernador les hablará a las cámaras al cabo de la enésima crisis en materia de seguridad. Hasta aquí esquiva hablar del tema, quizás suponiendo que eso lo preserva de los costos. Pero la historia reciente de la provincia en esa área demuestra que no hay “vuelta de página” que valga. Más si fue resolver la seguridad pública fue la promesa fundacional que permitió conquistar el gobierno.
El ministro Jorge Lagna estaba a punto de ser eyectado del cargo cuando el segundo del área, con quien las diferencias ya eran públicas como se contó acá hace una semana, tuvo que ser echado antes. Jorge Bortolozzi hizo dos viajes a Centroamérica por actividades del Club de Leones del que es miembro. Evidentemente no tomó dimensión suficiente de lo que implica el cargo de secretario de Seguridad, cargo que asumió en abril y que por lo visto no ejercía full time. Tampoco el ministro Lagna y el gobernador tomaron dimensión hasta que el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro expuso en público el desatino de Bortolozzi. El gobernador estuvo rápido de reflejos, y antes de que el tema se convirtiese en una bola de nieve más grande ordenó echar era su carta para reemplazar a Lagna como ministro.
El incidente oxigena por un rato más a Lagna, a quien Bortolozzi responsabilizó por su salida. “No me quería en ese lugar (de secretario de seguridad)”, dijo a la prensa. Lo mismo dijo el ex ministro Marcelo Sain sobre la salida de sus colaboradores en enero. Dicho sea de paso Sain esta semana fue imputado por el intento de la compra de armas presuntamente orientada a una empresa que se sospecha que incluso redactó los pliegos de licitación a su conveniencia.
El gobierno provincial se quedó sin equipos ni ideas en materia de seguridad, a lo que hay sumar el internismo permanente desde el primer minuto que inauguraron Sain y el jefe de la Policía Víctor Sarnaglia.
De acá hasta diciembre de 2023 no pareciera que el gobierno tenga otra posibilidad que colgarse del travesaño y aguantar hasta el final del partido. Claudio Brilloni es clave en ese juego: un gendarme, respetado por buena parte de la oposición y con capacidad operativa, aunque esto último no lo ejercerá sobre una fuerza disciplinada y formada como la Gendarmería sino sobre una policía indisciplinada, atomizada, sin liderazgos ni plan y golpeada por la corrupción. Si el contexto no cambia es poco lo que Brilloni podrá hacer: necesita contar con móviles, personal y armas para reponer los patrullajes por cuadrantes dejados de lado en 2020; mayor interacción con el Ministerio Público Fiscal; y es imprescindible algún acuerdo político para una mayor participación de Nación.
El intendente Pablo Javkin hace lo que tiene que hacer cuando le reclama al ministro de Seguridad de la Nación por el envío de más agentes federales. Pero no es el intendente discutiendo con Aníbal Fernández en Twitter como se va a conseguir lo que Santa Fe necesita.
Hay una voluntad manifiesta de Javkin de hablar y gestionar por el tema de mayor preocupación para los rosarinos. Reclama desde un lugar propositivo, como esta semana lo hizo con el proyecto de ley que envió a la Legislatura para crear "mesas de coordinación en seguridad con gobiernos locales" (el proyecto propone que las integren autoridades policiales y el intendente de la ciudad cabecera de cada departamento).
Podría hacerse eje en lo positivo de institucionalizar instancias de coordinación provincia-municipios, pero el proyecto tiene una serie de zonas grises que hacen dudar sobre su viabilidad. Por ejemplo que esas mesas tengan capacidad de definir los jefes de las unidades regionales. ¿Si Javkin llegara a ser gobernador, aceptaría que le limiten la capacidad de decisión y mando siendo que después será él quien asuma la responsabilidad por los resultados? Los gobernadores hoy tienen dificultades para que la policía obedezca, qué imaginar de los intendentes.
Radicales y socialistas
Los radicales santafesinos proyectaron en el acto de recambio de autoridades la alianza electoral que buscan para 2023. Imaginan un arco iris no peronista que por primera vez en 40 años le permita a un correligionario sentarse en el sillón del Brigadier el año próximo. Falta mucho trabajo con otras fuerzas políticas para eso.
A nivel país, hay entusiasmo en la UCR con lo que pasa en Santa Fe. La presencia del gobernador correntino Gustavo Valdez y del senador Martín Lousteau dan fe de esa expectativa. El próximo viernes Lousteau regresará a la capital provincial, esta vez para presidir el Encuentro Nacional de Evolución, el espacio que él lidera y que en Santa Fe es mayoría con las referencias de Pullaro y el propio Michlig.
Ese mismo día los socialistas se encontrarán para un congreso partidario que vienen preparando hace tiempo con el pulso de un orfebre. Cuenta con el acuerdo de todos los sectores internos como paso previo a abrir la discusión sobre 2023 y si competirán como parte de un frente de frentes o armarán otra cosa.
El congreso reformará la carta orgánica provincial para generar estructuras partidarias departamentales y abrir los cuerpos de conducción a la participación directa de ramas partidarias que hasta aquí sólo podían llegar por vía de los Centros Socialistas. Cambios necesarios para un partido sin líderes indiscutidos y que necesita fortalecerse y crecer desde afuera de los gobiernos de Rosario y la provincia, pero al mismo tiempo contener desde el llano aquello que construyó desde el ejercicio del poder.
