El juez penal de Rosario Nicolás Foppiani le prohibió a la agroexportadora en default Vicentin vender sus empresas y desprenderse de sus activos para evitar maniobras de vaciamiento que atentan contra el interés de los acreedores por cobrar sus deudas.

En efecto, la venta que el grupo concretó semanas atrás de una de sus empresas (frigorífico Friar) activó las alarmas sobre un posible intento de vaciamiento. Y ante la demora en aplicar las restricciones impuestas por la causa judicial a este tipo de operaciones por parte del juzgado de Reconquista que lleva el concurso de Vicentin, un grupo de acreedores comerciales impulsó que la Justicia con asiento en Rosario intervenga dictando la medida cautelar que, en la práctica, prohíbe que se vendan más empresas del grupo.

Precisamente, el trasfondo de la decisión judicial está mostrando que hay acreedores de peso que interpretan que la empresa, en definitiva, siempre lo que hace es correrle el arco a todos en las conversaciones, y por eso ahora decidieron dejar de jugar un papel expectante en el proceso judicial y empezaron a accionar con contundencia.

En concreto, el pedido al juez lo hizo el fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional Número 2, quien tiene a cargo la Investigación Penal Preparatoria caratulada “Representantes de Vicentín s/ Estafa”.

Con fecha del 18 de septiembre, el fiscal pidió “una medida de prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin S.A.I.C tendría participación accionaria”.

La medida alcanza a las participaciones que el grupo tienen en Renova, Algodonera Avellaneda, Friar, Biogas Avellaneda, Buyanor, Oleaginosa San Lorenzo, Terminal Puerto Rosario, Vicentin Desarrollos, La Porfia, Diferol, Emulgrain, Los Amores, Logística Río Arriba, Servicios Fluviales, El Renuevo.

Además, el fiscal pidió que “se haga lugar al levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal para la presente investigación penal preparatoria, de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria”.

Las investigaciones del fiscal se iniciaron por la denuncia del empresario Juan José Trucco, en su carácter de vicepresidente del directorio de la agropecuaria La Clementina S.A, una de las acreedoras de Vicentin, que además fue de las que primero le dio batalla a la aceitera en la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario. El fiscal luego fue sumando denuncias de otras cerealeras, como el acopio Cuatro Hojas que, al igual que La Clementina, relataban que la aceitera le pedía que sigan entregando granos cuando ya sabía que su pago sería imposible configurando el delito de estafa.

Para argumentar su reclamo de inhibición, el fiscal también recolectó los informes realizados por el Banco Nación Argentina, principal acreedor de Vicentin, la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), la Unidad de Información Financiera (UIF), que advierten maniobras de licuación del patrimonio empresarial, el desvío de fondo hacia cuentas en el exterior y otras maniobras irregulares, como evasión fiscal, contrabando de granos y fuga ilegal de divisas.

Sobre las maniobras de ventas de la empresa, a las que ahora el juez rosarino prohíbe, el fiscal citó los informes del Banco Nación que sostienen que “Vicentin compró la firma Friar en 2004, y años después vendió el 99% a los holdings uruguayos Nacadie y VFG Inversiones y Actividades Especiales, todos vinculados a las familias dueñas, conservando apenas el 0,4%, lo cual le permitió a sus propietarios transferir casi la totalidad de la firma en agosto de 2020 a pesar de las restricciones impuestas por la causa judicial”.

Sobre la venta que Vicentin hizo antes del default del 16% de acciones de Renova, el complejo aceitero más grande del país que tiene en sociedad con Glencore, el fiscal también citó denuncias radicadas en Paraguay, adonde tiene sede Vicentin Paraguay (propietaria formal de las acciones de Glencore) que indicaban que “la suma abonada no habría tenido como destino el pago de sus obligaciones sino que se habría cobrado en el exterior”.

Finalmente, a la hora de argumentar el pedido de inhibición que el juez Foppiani avaló, el fiscal dice que “el objetivo es preservar la inalterabilidad de la composición de la masa accionaria y disposición de las empresas sobre las que Vicentin S.A.I.C tendría participación accionaria, o respecto de las cuales, los denunciados serían sus representantes legales y su finalidad consiste en asegurar activos para su recupero a los fines de garantizar, no sólo la pena pecuniaria de multa, la indemnización y las costas, sino también el decomiso de los instrumentos del delito”.