El "run run" detrás de los negocios de la semana viene muy cargado, así que sin más preámbulos vamos al top ten de la semana. Y con una "yapa" final.

1) En febrero, la Justicia corrió al interventor de la cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín, el contador Roberto Pasqualino, en medio del escándalo por un presunto proceso de vaciamiento de la entidad al girar millones de pesos que la cooperativa tenía depositados en el Banco Nación a mutuales del financista Guillermo Whpei. Ahora, su sucesor -el ex intendente de Puerto San Martín Daniel Sorrequieta, quien había sido designado, precisamente, para cortar con el vaciamiento- acaba de ser denunciado al descubrirse que, en una maniobra muy floja de papeles, transfirió en abril la suculenta suma de 1.000 millones de pesos que la cooperativa tenía en el Banco Nación a la mutual de Jubilados Provinciales, que controla Whpei. Y así como el financista vuelve a ser el gran beneficiado (recibiendo un suculento fondeo para realizar todo tipo de negocios en un circuito tan sombrío y fuera del alcance del Banco Central como es el de la mutuales), también fue fundamental, al igual que en el pasado, que el juez federal que tiene la intervención Marcelo Bailaque avale la transferencia sin precisar las razones. Un magistrado que en la denuncia que presentaron 6 estibadores, y a la que tuvo acceso Rosario3, fue calificado de "amigo" de Whpei, un financista de históricos lazos con el justicialismo. Para tener una magnitud de la transferencia, involucró el 15% del patrimonio de la cooperativa, que maneja esos millones porque tiene el 60% del negocio del estibaje en los puertos cerealeros. Para más escándalo, no aparece la orden escrita del interventor (en la que tendrían que aparecer la razones del movimiento), lo que pone en aprietos a la gerencia de la cooperativa, y tampoco encuentran los certificados de depósito originales ya que en la cooperativa sólo cuentan con las fotocopias. "Lo más inquietante del caso es que, además de las irregularidades que presenta la operación, ya que el movimiento de fondos excede las facultades del interventor, la concentración de semejante cifra en esa sola mutual constituye el equivalente a más del 40% del activo corriente de la mutual que hoy tiene los depósitos", señala en la denuncia el abogado Federico Joly, patrocinante de los socios de la cooperativa. "Supusimos erróneamente que la nueva intervención se abstendría de realizar maniobras tan burdas como peligrosas para los intereses de la entidad. Pero nos equivocamos, pues el interventor Sorrequieta, agravó aún más la situación, y dispuso nuevas inversiones en la misma mutual, por cifras que ahora llegan a los mil millones de pesos", sostienen los denunciantes que piden que los fondos vuelvan al Banco Nación y que el "juez Bailaque se aparte del proceso pues sus decisiones, como la infundada decisión de liberar los fondos para el Grupo Unión de Whpei, habilitan las maniobras fraudulenta".

2) Ya que estamos por la hidrovía, el viernes se realizó la audiencia pública para analizar la factibilidad técnica y ambiental de construir un nuevo canal de acceso al sistema portuario argentino: el llamado Canal Magdalena. En la actualidad, el canal que se usa para ingreso y salida de buques es el Punta Indio (más cerca de la costa de Uruguay), que es el punto de inicio de la concesión del dragado y balizamiento del sistema de navegación troncal. Ocurre que en el kirchnerismo porteño y bonaernese se empezó a agitar el año pasado reemplazarlo por la construcción del Magdalena, más al sur, para beneficiar a los puertos bonaereneses y australes pero complicando a las terminales fluviales río arriba ya que los barcos deberían recorrer más millas para arribar y cargar granos. Finalmente, el gobierno apostó por mantener el de Punta Indio -en el marco de la concesión a la hidrovía- pero financiar con fondos públicos el Magdalena, como para dejar a todos contentos. El tema es que en la audiencia del viernes, el senador Jorge Taiana, uno de sus promotores, embanderó el Magdalena como vector de la soberanía nacional calificando a la hidrovía como una pérdida de soberanía ya que es a pedir de los intereses de la multinacionales cerealeras y está administrada por un concesionario privado. En esa línea es la que siempre se manifestó Horacio Tettamanti, histórico impulsor del Magadalena, quien -para sorpresa- no disertó. En la audiencia sólo se sucedieron exposiciones en favor del Magdalena pero de escaso contenido técnico, pero abundante retórica en favor de la soberanía. El sector empresario agroindustrial que apuesta por la hidrovía y mira con recelo el canal Magdalena prefirió no subirse al ring, y sólo se escuchó una voz que se opuso con un discurso técnico y contundente fue el ex subsecretario de Puertos del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Metz. Pero la reflexión final es la siguiente. ¿Adonde estaban Taina y Tettamanti cuando la propia Cristina Fernández, en su primer mandato, renovó y extendió la concesión de la hidrovía que se vencía? Uno era canciller y el otro era subsecretario de Puertos del gobierno de Cristina. Entonces: ¿Cristina y ellos dos fueron parte de la "entrega" de soberanía que hoy denuncia el kirchnerismo más duro que sería la hidrovía? 

3) Vuelta de página. Vamos a la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta semana el mercado ganadero de la Bolsa, el RosGan, se jugó una ficha importante al sacar al ruedo el primer mercado electrónico para la comercialización de hacienda gorda para faena, tanto de exportación como de consumo interno. Y más allá de la saludable iniciativa de fundar un nuevo mercado institucional (por el valor que tiene para la economía generar precios de referencia transparentes) supone también un riesgo político. Resulta que el RosGan zafó en el pasado de la intervención del gobierno de Cristina, como la que sufrió Liniers, porque comercializaba hacienda liviana que iba a engorde, muy lejos de las carnicerías. Pero ahora sí será escenario de la compra venta de ganado que va a consumo interno, como lo es Liniers, y decide asomar la cabeza justo cuando el gobierno puso en la mira al sector y avanzó en primeras escaramuzas. Y ni que hablar de cómo se le puede llegar a calentar la situación si escalan los cruces entre campo y gobierno por la inflación de los alimentos, y las facciones ultra K descubren que en nuevo mercado tiene entre sus accionistas a ni más ni menos que al ex ministro de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere.

4) Sigamos por el lado de la carne, ya que al pasarle la lupa a los anuncios que hizo el viernes el presidente Alberto Fernández, muchos pierden su fuerza inicial. Por caso, el de los cortes baratos de carne que se podrán encontrar en las grandes cadenas de hipermercados. Resulta que los frigoríficos ponen este mes a disposición 8.000 toneladas. Pero ese volumen es el 4.2% del consumo mensual total de carne en el país. Una gota en el desierto. Y el otro anuncio que, sí fue festejado por la industria, fue la decisión de la eliminación del retenciones a pymes que exporten hasta medio millón de dólares y una reducción del 50% para las que despache de medio a un millón de dólares. Pero esa decisión tuvo un lado B, que recién saltó el sábado cuando se publicó la reglamentación: la mayoría de los productos agroindustriales fueron excluidos. 

5) Volvamos a los negocios. Entre el Concejo y la Municipalidad va tomando forma un beneficio para la inversión que proyecta Aceros Coco, sobre avenida Circunvalación. Resulta que ellos pusieron sobre la mesa un plan de inversión en nueva infraestructura que se había armado sobre las anteriores normas de uso de suelo productivo. Pero ahora que rige una nueva reglamentación (impulsada por la actual gestión municipal) que alivia las compensaciones y los otros requisitos exigidos al inversor en desarrollos fabriles, concejales oficialistas y opositores coincidieron que lo correcto sería, con aval Municipal, reducirle las exigencias y facilitar así la inversión productiva. Y en ese trámite están trabajando ahora.

6) Si vamos por el lado de la construcción, no pasa desapercibido que cada vez hay más inmuebles catalogados de valor patrimonial cuyos dueños deciden vallarlos o ponerle tapiales dejando ventanas y puertas abiertas para que se deterioren hasta arruinarse completamente. Y es que sólo así pueden pedir el "estado de ruina" y lograr la desclasificación para demolerlos y poder levantar allí nuevas construcciones, sobre todo edificios. Dos ejemplos: la famosa casa de Urquiza de Avenida Alberdi entre Génova y Almafuerte o la vieja Casa del Bajo, en la bajada Sargento Cabral. Ocurre que muchas veces sus propietarios no pueden mantenerlos, no consiguen acceso rápido a los fondos oficiales para hacerlo o simplemente los quieren vender pero no encuentran comprador, sobre todo porque no se pueden demoler o exigen muchos requisitos para construir sobre ellos. En los próximos días el tema volverá a ser debatido en ámbitos oficiales, como el Concejo y la Secretaría de Planeamiento.

7) Hablando de mercado inmobiliario, la noticia que se publicó en esta columna el domingo pasado sobre que, de manera muy incipiente, la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad empezó a analizar cambios en la normativa de construcción en Fisherton, Hostal del Sol, Aldea y San Eduardo movió realmente el avispero. Y es que empezaron las consultas de inversores sobre el sentido de los cambios y los tiempos para implementarlos ya que hay muchas propuestas sobrevolando esa zona en expansión, sobre todo en el armado de condominios. Proyectos que tienen hasta los terrenos fichados pero que son tentados por la ventajas que otorga Funes (que casi no tiene exigencias en compensaciones) para llevarse la inversión al jardín de la provincia. 

8) Sin dejar de los negocios del real state pero incorporando el capítulo financiero, esta semana fue la asamblea de BMR Mandatos y Negocios, la fiduciaria del Banco Municipal. Lo más novedoso de la entidad, presidida por Guido Boggiano, es que -a fin con la nueva gestión de la Municipalidad, que busca mejorar la interacción oficial con el sector empresario- se empezó a poner sobre la mesa la posibilidad de incrementar la participación en proyectos con el sector privado. En anteriores gestiones esa modalidad era vista con ceño fruncido por los riesgos de trabajar con privados, por ejemplo en fideicomisos de construcción. Pero ahora la nueva ley de blanqueo de capitales, que genera un marco regulado de seguridad, abre la posibilidad de armar un fondo común de inversión, en sociedad con el Banco, para proyectos inmobiliarios de la ciudad habilitados por la Afip. Incluso, hasta podrían estructurar fideicomisos cerrados que fondeen los proyectos de desarrollo inmobiliarios aprobados por Afip en el marco del blanqueo. En los sectores de la construcción la posibilidad cayó muy bien porque alentaría una actividad clave para la economía.

9) Hablando del sistema financiero, en lo que va del año, unas 20 casas de cambio se bajaron del registro del Banco Central por la escasa operatoria de dólares que hay en el circuito formal y, sobre todo, por el flaco horizonte que tiene ese negocio. En ese marco, esta semana, el que pidió la baja de su patente fue Carbatur, que así se lo anunció a sus clientes. Si bien se quedaron con todos los sistemas por si el mercado se resurge, la idea del grupo es concentrar los esfuerzos en el real state y la agencia de Bolsa.

10) Por el lado del comercio, las novedades nunca son muy buenas, ya que se trata de sector más golpeado por la pandemia y las restricciones. En ese marco, el lunes se sabrá si el sector deberá afrontar una nueva baja y de peso: el cierre de dos locales de Garbarino. Es que el sábado, cuando fueron los empleados a trabajar se encontraron con las persianas bajas y un aviso colgado de que se tomaban los días para tareas de higiene. La situación es angustiante, sobre todo porque la empresa venía ajustando su plantilla.

Y la yapa es el punto 11. Resulta que el viernes a la mañana el ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, organizó una de sus usuales reuniones con periodistas que siguen los temas económicos en la que se charla largo y profundo sobre los temas de la agenda. En esta oportunidad, llevó a la subsecretaria de Políticas en Ciencia y Tecnología, Marian Baima, porque anunció que la impronta de su gestión productiva este año pasará por ese ámbito. Los encuentros que organiza Costamagna son francos y a agenda abierta. Por caso, Baima tuvo que responder la consulta de Rosario3 de porqué si tienen para este año un presupuesto de mil millones, en las famosas "convocatorias" de investigación, que son uno de los principales dinamizadores de la ciencia y tecnología de la ejecución presupuestaria, a mayo solo están abiertos 3 programas con un presupuesto máximo de 100 millones. La funcionaria aseguró que no hay subejecución presupuestaria en su área porque el grueso de los desembolsos se realizarán hacia mediados de año cuando se pongan en marcha dos proyectos que consideró estratégicos: un programa de excelencia académica en las investigación científica y el armado de una red de incubadoras para iniciativas de ciencia y tecnología en toda la provincia. Más allá de ese tema, lo que queda flotando es lo interesante que sería que el ministro de Hacienda Walter Agosto también empiece a tomar contacto regular con la prensa rosarina como hace Costamagna. Así podría explicar, por ejemplo, el retraso de la publicación de los números oficiales (recién esta semana se publicaron los de enero) o cómo consiguió en el primer mes del año un superávit de 4.300 millones de pesos y las razones por las que ejecutó inversiones en bienes de capital por $890 millones cuando, en tren de comparar, en enero de 2019 se ejecutaron $2.159 millones. Y sus razones seguro tendrá, el tema es que la administración no las comunica.