La Sociedad Rural Argentina acelera su estrategia para que la Argentina ingrese de lleno al mercado internacional de créditos de carbono. La entidad asegura que el negocio podría representar una oportunidad de aproximadamente US$ 4.800 millones anuales para el país y trabaja para que ese potencial se traduzca en nuevas inversiones, generación de divisas, empleo y una fuente adicional de ingresos para los productores.

El principal objetivo de la Rural es lograr un marco jurídico específico que permita desarrollar proyectos de carbono bajo una premisa que considera innegociable: el reconocimiento de la propiedad privada y de los derechos de los productores sobre sus tierras.

Después de dos años de reuniones y negociaciones con legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, la entidad sostiene que está cerca de alcanzar un consenso para avanzar con una iniciativa legislativa que podría llegar al Senado.

El negocio detrás de los créditos de carbono

Para la SRA, el mercado de carbono representa una oportunidad que excede la cuestión ambiental. El foco está puesto también en su potencial como generador de divisas y canal de inversiones privadas.

La entidad estima que Argentina podría captar alrededor de US$ 4.800 millones por año a partir del desarrollo de este mercado. Se trata de una cifra potencial, planteada por la Rural, cuyo aprovechamiento dependerá de que el país consiga establecer reglas claras y generar las condiciones para que los proyectos puedan desarrollarse.

La apuesta es especialmente relevante para regiones como el NEA, el NOA y la Patagonia, donde existen grandes superficies con potencial para iniciativas de conservación, captura y reducción de emisiones.

El planteo de la Rural es que los recursos generados por esos proyectos no queden concentrados en intermediarios ni sean administrados bajo un esquema estatal, sino que lleguen a quienes aportan el activo sobre el cual se desarrollan: los propietarios y productores.

“Estos recursos van a ir hacia regiones donde el desarrollo del país ha quedado inmovilizado ante la presión del ambientalismo extremo y leyes que generaron pobreza estructural”, sostuvo la vicepresidenta segunda de la SRA, Eloísa Frederking.

Dos años detrás de una ley

La iniciativa es el resultado de un trabajo que la Sociedad Rural Argentina lleva adelante desde hace dos años junto con la Mesa de Carbono Argentino.

Desde la Comisión y el Área de Sostenibilidad de la entidad, en conjunto con el área de Seguimiento Legislativo, se mantuvieron reuniones con legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo con el objetivo de construir una propuesta que permita desarrollar el mercado bajo reglas jurídicas definidas.

“Llevamos dos años de trabajo en conjunto con los legisladores y el Poder Ejecutivo. Estamos muy cerca de tener un proyecto que contemple todos los derechos de los productores y permita el ingreso de divisas al país”, señaló Frederking.

El desafío ahora es que ese consenso se traduzca en un proyecto con posibilidades concretas de avanzar en el Congreso.

Propiedad privada, la condición central

El debate sobre quién es dueño de los créditos generados por proyectos de carbono ocupa un lugar central en la estrategia de la Rural.

La posición de la entidad quedó expuesta por su presidente, Nicolás Pino, durante el discurso inaugural de la 138.ª Exposición Rural, cuando sostuvo: “En la Argentina no hay bienes comunes, hay bienes públicos y bienes privados”.

El reclamo apunta a que el marco regulatorio respete la Constitución Nacional y otorgue previsibilidad a quienes quieran invertir en proyectos vinculados con la captura o conservación de carbono.

La misma postura fue planteada posteriormente por Pino en la 82.ª Exposición de la Sociedad Rural Salteña, donde destacó el trabajo realizado junto con la entonces senadora Flavia Royón para elaborar una iniciativa que respetara la propiedad privada y, al mismo tiempo, permitiera compatibilizar conservación y producción.

Para la Rural, esa definición es clave para atraer capitales: si los derechos sobre los créditos no están claramente establecidos, advierten, el potencial económico del mercado difícilmente pueda convertirse en inversiones de largo plazo.

Carbono y bosques: el segundo frente

La discusión no se limita a una eventual Ley de Carbono. La SRA también plantea la necesidad de introducir modificaciones en el régimen de protección de los bosques.

Durante una exposición en el Congreso de la Nación, el director de la entidad, Andrés Costamagna, sostuvo que ambas cuestiones deberían abordarse de manera articulada para generar condiciones que permitan desarrollar proyectos productivos y de conservación.

El objetivo declarado es que esos proyectos puedan convertirse también en una herramienta de desarrollo regional y generación de empleo, especialmente en zonas donde existen recursos naturales con potencial para incorporarse al mercado de créditos de carbono.

En ese esquema, la conservación dejaría de ser vista únicamente como una restricción a la actividad productiva y pasaría a convertirse —según la mirada de la Rural— en un activo capaz de generar ingresos.

La apuesta ahora está en el Senado

La SRA asegura que, junto con el equipo de la senadora Flavia Royón, alcanzó una propuesta legislativa que considera superadora y que podría posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mercado internacional de créditos de carbono.

“En el día de hoy hemos logrado una propuesta de ley que se ajusta a lo que necesita la Argentina”, afirmó Costamagna, quien remarcó que el próximo paso es conseguir dictamen y lograr que la iniciativa avance en el Senado.

Para la entidad, el momento es particularmente relevante porque la oportunidad económica no se limita al ingreso potencial de divisas. El desarrollo del mercado también podría movilizar inversiones privadas hacia regiones postergadas y crear una nueva fuente de ingresos para productores y comunidades.

“Para la SRA esta es una conquista. Cuando muchos nos decían que estábamos hablando de humo, nosotros seguimos trabajando. Estamos muy cerca de que ese humo se vuelva dólares”, resumió Costamagna.

La frase sintetiza la apuesta de la entidad: convertir el carbono en un activo económico, generar un marco legal que dé seguridad a los inversores y lograr que una parte significativa del valor creado quede en manos de los propietarios de las tierras y de quienes desarrollan los proyectos.

El próximo paso, entonces, será político. La oportunidad de US$ 4.800 millones anuales que plantea la Rural es todavía un potencial, pero la entidad busca que una ley permita comenzar a transformarlo en proyectos concretos, inversiones y, finalmente, nuevos dólares para la economía argentina.