La economía argentina volvió a moverse entre dos velocidades. Por un lado, los mercados celebraron una mejora en la percepción financiera del país luego de que Fitch Ratings elevara la nota de la deuda soberana argentina y destacara el programa de reformas impulsado por el gobierno de Javier Milei. La calificadora valoró la consolidación fiscal, la desaceleración inflacionaria y la recomposición parcial de reservas, aunque dejó una advertencia contundente: Argentina continúa siendo vulnerable a una eventual crisis de confianza.

Ese diagnóstico sintetiza buena parte del momento actual. Mientras los activos financieros muestran señales de recuperación y los bonos en dólares ensayan rebotes en línea con una mejora del clima internacional, la economía real todavía exhibe tensiones estructurales, dificultades de financiamiento y fuertes conflictos sociales.

En paralelo al reconocimiento de Fitch, la Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con un endurecimiento de controles sobre las Alycs, imponiendo nuevos límites al apalancamiento y reforzando la vigilancia sobre posiciones en dólares. El Gobierno busca evitar movimientos especulativos y reducir riesgos financieros en un mercado que todavía opera bajo alta sensibilidad cambiaria.

Sin embargo, uno de los principales problemas sigue siendo el crédito. La baja de tasas promovida por el Banco Central todavía no logra trasladarse plenamente a los préstamos personales, dificultando la recuperación del consumo y frenando la posibilidad de reactivación más acelerada de la economía. El sistema financiero continúa operando con cautela y las familias sienten que el alivio prometido todavía no llega al bolsillo.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo acelera una de las transformaciones más profundas de su agenda: la desregulación del sistema energético. El Gobierno avanza en cambios sobre el mercado eléctrico en un contexto extremadamente delicado, con infraestructura al límite y un sistema que arrastra años de atraso tarifario, subsidios crecientes y falta de inversión. La discusión energética se cruza además con otro frente sensible: los subsidios al gas.

En paralelo, Javier Milei presentó un proyecto para limitar el alcance de la denominada “zona fría”, el esquema que reduce tarifas de gas en amplias regiones del país. La iniciativa abre un nuevo conflicto político y social, especialmente en provincias donde el beneficio representa un alivio clave para miles de hogares.

En el sector productivo también aparecen movimientos relevantes. YPF suspendió temporalmente la búsqueda de un socio estratégico para su negocio agropecuario y ahora analiza relanzar el proyecto bajo un nuevo esquema. La petrolera busca redefinir prioridades mientras concentra inversiones en Vaca Muerta y reorganiza activos no estratégicos.

Por otra parte, Eduardo Elsztain, titular de Irsa, decidió reactivar una mina de oro en San Juan, apostando a uno de los sectores que el Gobierno considera centrales para el ingreso de dólares en los próximos años. La minería aparece como uno de los pilares del nuevo modelo económico junto con la energía y el agro, aunque todavía enfrenta debates ambientales y tensiones regulatorias.

En el plano industrial, la siderúrgica Sidersa salió a rescatar deuda por USD 2 millones con el objetivo de despejar dudas alrededor de su ambicioso plan de expansión. La operación busca enviar señales de solvencia en un contexto donde muchas compañías aún enfrentan elevados costos financieros y fuerte incertidumbre sobre la evolución de la demanda.

Mientras tanto, Santa Fe anunció una inversión de $52.000 millones para reparar 4.600 kilómetros de rutas provinciales. La provincia intenta sostener obra pública y logística en momentos en que la Nación prácticamente paralizó la inversión en infraestructura. El deterioro vial se convirtió en una preocupación creciente para sectores productivos y cadenas de transporte.

Rosario también fue escenario de un fuerte conflicto laboral y político. La comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal recibió a representantes de la Cooperativa Trechel, histórica fábrica rosarina de jugos que enfrenta una orden de desalojo emitida por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La cooperativa funciona desde hace 13 años en un terreno fiscal y asegura que siempre existió voluntad de regularizar su situación. Sin embargo, tras recientes inspecciones, recibió una intimación para abandonar el predio en apenas diez días hábiles. Los trabajadores advirtieron que el traslado resulta prácticamente imposible debido al tamaño y antigüedad de la maquinaria utilizada en la planta.

El caso generó fuerte repercusión política porque, según remarcaron otras fuentes gubernamentales y judiciales, no existe el mismo criterio frente a familias que ocupan terrenos linderos y que incluso forman parte de conversaciones entre Nación y provincia como posible mecanismo de compensación de deudas.

Por otra parte, Rosario se prepara para recibir este jueves la convención regional de concesionarios del litoral, un encuentro donde empresarios del sector automotor analizarán expectativas de mercado, financiamiento y perspectivas comerciales para el segundo semestre.