El Gobierno nacional avanza en un paquete de reformas legales que apunta a atraer capital extranjero hacia el sector agropecuario y actividades vinculadas a recursos naturales, mediante modificaciones en normas que actualmente regulan la propiedad rural y el uso productivo de tierras afectadas por incendios.

Según anticipó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso una serie de proyectos que incluyen cambios en la ley de tierras rurales, la ley de manejo del fuego y otras normas relacionadas con la propiedad privada y el ambiente. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a incentivar inversiones y mejorar la competitividad del país en la captación de capital internacional.

Reforma a la ley de tierras rurales

Uno de los ejes centrales es la modificación —o eventual desarme— de la Ley 26.737, vigente desde 2011, que limita la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras.

Actualmente, la normativa establece que extranjeros no pueden superar el 15% de la superficie rural total a nivel nacional, provincial o municipal, ni concentrar más del 30% dentro de una misma nacionalidad. Además, fija restricciones específicas en la zona núcleo agrícola.

Desde el oficialismo sostienen que estas limitaciones desalientan inversiones intensivas en capital, particularmente en agroindustria, forestación y energía, al generar —según argumentan— desigualdad de acceso a la propiedad y menor competencia en el mercado de activos rurales.

El Gobierno ya intentó avanzar sobre esta ley mediante el DNU 70/2023, aunque la medida quedó frenada por una cautelar judicial que aún espera resolución de la Corte Suprema.

Cambios en la ley de manejo del fuego

El paquete también contempla modificar la legislación que regula el uso de tierras incendiadas. La norma vigente impide durante 30 años el cambio de uso productivo en superficies afectadas por incendios cuando no tenían actividad previa.

La propuesta oficial buscaría eliminar o reducir esa restricción, con el argumento de permitir la recuperación económica y productiva de esos terrenos. Parte del sector privado considera que la actual regulación frena proyectos agrícolas e inmobiliarios incluso después de la recuperación ambiental.

Inversiones y debate ambiental

Las reformas generan expectativas en sectores empresarios, aunque también despiertan interrogantes vinculados a compromisos ambientales internacionales. Especialistas advierten que cambios en la protección de bosques podrían entrar en tensión con acuerdos comerciales, como el tratado Unión Europea–Mercosur, que exige mantener estándares ambientales y evitar incentivos a la deforestación.

El Gobierno plantea que la apertura del mercado de tierras sería una señal de “normalización económica” destinada a integrar a Argentina al flujo global de inversiones de largo plazo, especialmente en actividades productivas intensivas.