El Gobierno nacional dio el primer paso hacia una revisión del sistema de riesgos del trabajo con la derogación de 122 normas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), una medida que, según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca reducir la carga regulatoria y preparar el terreno para una reforma más amplia.
A través de una publicación en la red social X, Sturzenegger sostuvo que "el costo de los riesgos del trabajo es uno de los temas que siempre se menciona con preocupación" dentro del mercado laboral y confirmó que comenzó un trabajo conjunto con la SRT para realizar una revisión integral de la normativa vigente.
La medida quedó plasmada en la Resolución 35/2026, firmada por el superintendente Gustavo Morón. Según explicó el funcionario, se trata de una primera etapa de "limpieza normativa" que elimina regulaciones consideradas obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica, algunas de las cuales permanecían vigentes desde hace más de 30 años, prácticamente desde la creación de la Superintendencia.
Entre los cambios más relevantes figura la derogación de normas vinculadas con trámites presenciales que ya habían sido reemplazados por procedimientos digitales. También se eliminó el registro de graduados universitarios de Higiene y Seguridad, el comité de seguridad de la información —al que el Gobierno calificó como una estructura interna sin justificación— y distintas disposiciones que daban marco a programas que ya no se encontraban operativos.
Sturzenegger enmarcó la decisión dentro de la política de simplificación regulatoria impulsada por el presidente Javier Milei y sostuvo que la reducción de normas constituye el camino elegido por la administración nacional para avanzar en la modernización del Estado.
La derogación de estas resoluciones representa el primer movimiento de una agenda que, de acuerdo con lo anticipado por el ministro, buscará revisar de manera integral el funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo, uno de los componentes del costo laboral que el sector empresario viene señalando desde hace años como un factor que afecta la competitividad.
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