El Gobierno nacional avanza en una reforma de la Ley de Tierras con el objetivo de flexibilizar las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros y abrir la puerta a nuevas inversiones en sectores estratégicos como el agro, la energía y la forestación. La iniciativa, que forma parte del paquete de reformas impulsado por la administración de Javier Milei, genera expectativas en el mercado por el potencial ingreso de capitales y por los rendimientos que ofrece la tierra productiva argentina.

Actualmente, la Ley 26.737 limita al 15% la titularidad extranjera de tierras rurales tanto a nivel nacional como provincial y municipal, además de establecer restricciones para inversores de una misma nacionalidad y topes de superficie en zonas productivas clave. Desde el oficialismo consideran que esas limitaciones desalientan inversiones y reducen la competitividad del mercado de tierras.

La reforma es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar varias de esas barreras. Entre los cambios que analiza el Gobierno figura quitar el límite del 30% por nacionalidad y permitir que la compra de tierras sea considerada directamente una inversión productiva.

En el sector privado sostienen que una mayor apertura podría atraer capitales orientados a proyectos agroindustriales, forestales y energéticos de largo plazo, especialmente en un contexto en el que el Gobierno también busca extender incentivos como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Las expectativas se apoyan además en los rendimientos históricos del negocio agropecuario argentino. Distintos análisis del mercado destacan que, en el largo plazo, la renta agrícola y la valorización de la tierra lograron retornos competitivos en dólares frente a otros activos internacionales.

La iniciativa oficial también contempla modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego, eliminando restricciones que hoy impiden desarrollar actividades productivas o inmobiliarias sobre tierras afectadas por incendios durante décadas. El Gobierno sostiene que la normativa actual perjudica la actividad privada y desalienta inversiones productivas.

Aunque el proyecto todavía debe atravesar el Congreso, en el mercado ya se especula con un posible reordenamiento del negocio inmobiliario rural y una mayor participación de fondos internacionales interesados en activos vinculados a producción de alimentos, forestación y recursos naturales.