Del desvío operativo a la sospecha penal: qué hay detrás del caso Metalcred. La denuncia penal presentada el 24 de abril de 2026 por Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. no surgió de un hecho aislado, sino de una acumulación progresiva de señales de alerta en la gestión de los fideicomisos financieros Metalcred. Así lo confirmó este lunes ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), al mercado A3 y al Mercado Argentino de Valores mediante una carta dirigida a estas instituciones. La denuncia se realizó de acuerdo a lo que se desprende del contrato y en defensa de los inversores.

Vale recordar que en un contexto donde el acceso al crédito complejo, la fabricante de pulverizadoras y fertilizadoras concretó la obtención de un crédito de 50 millones de dólares proveniente de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC).

"Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de Fiduciario de los Fideicomisos Financieros Metalcred
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII (los “Fideicomiso”), a fin de comunicar que en virtud de los
hechos descriptos e informados en los Hechos Relevantes publicados en fecha 10 de abril de 2026,
y conforme al asesoramiento y recomendaciones de los asesores legales contratados al efecto, en
el día de la fecha hemos formulado una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación de la
provincia de Santa Fe, con el objeto de que se investiguen determinadas conductas vinculadas a
la administración y/o gestión de los activos fideicomitidos en los Fideicomisos de la referencia,
las que podrían encuadrar en figuras previstas en el Código Penal", apunta en su misiva Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

Esta novedad se conoce unos días después de un conflicto laboral en la empresa de maquinaria agrícola Metalfor, luego de que trabajadores de sus plantas en Marcos Juárez y Noetinger iniciaran medidas de fuerza por el atraso en el pago de salarios.

El origen del conflicto se remonta al menos a abril de 2025, cuando comenzaron a detectarse desvíos entre el flujo teórico de cobranzas y los ingresos reales. En ese momento, los niveles de recupero alcanzaban apenas el 71% de lo esperado, lo que encendió las primeras alarmas.

Aunque inicialmente estos desfasajes fueron atribuidos por Metalfor S.A. —en su rol de administrador y agente de cobro— a factores climáticos y coyunturales, el problema no solo persistió sino que se profundizó con el tiempo.

Pagos realizados pero no transferidos

El punto de inflexión llegó cuando el fiduciario comenzó a intimar directamente a los deudores. Allí emergió un dato crítico: algunos clientes aseguraron haber pagado sus obligaciones a Metalfor, pero esos fondos no habían sido transferidos al fideicomiso.

Este hallazgo disparó una serie de medidas extraordinarias:

• Intimaciones formales a la empresa
• Reducción de plazos de transferencia de fondos
• Cobranza directa por parte del fiduciario
• Envío de más de 80 cartas documento a deudores

A pesar de que Metalfor negó incumplimientos y atribuyó los retrasos a problemas administrativos, los hechos continuaron escalando.

Deterioro de la cartera y remoción

Durante los primeros meses de 2026, los informes evidenciaron un deterioro significativo de la cartera de créditos, lo que finalmente derivó en una decisión drástica: el 6 de marzo de 2026, Metalfor fue removida como administrador y agente de cobro.

Desde ese momento, el fiduciario asumió el control directo de la gestión, apoyándose en nuevos agentes de cobranza y reemplazando otros cargos por sus renuncias.

Fondos sin rendir y nuevas irregularidades

Tras la remoción, el análisis de la información permitió detectar un elemento aún más delicado:

Cobros documentados por cifras millonarias que se desprende de la sumatoria de los fideicomisos. Este dato resulta central para entender el paso hacia la instancia penal, ya que sugiere la posible existencia de retención indebida de fondos.

De la gestión financiera al ámbito penal

Con este contexto, el fiduciario decidió avanzar más allá de las medidas contractuales y administrativas. El 24 de abril formalizó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe para que se investiguen conductas que podrían encuadrar en delitos penalesau.

La decisión fue tomada con asesoramiento legal y en resguardo de los intereses de los inversores, luego de más de un año de seguimiento, intimaciones y acciones correctivas.

Impacto y riesgos

El caso expone varios puntos críticos del sistema:

• Fragilidad en los mecanismos de control de cobranzas
• Dependencia operativa del administrador original
• Riesgos para los inversores ante fallas en la cadena de pagos.

A pesar de las acciones correctivas, al cierre de marzo de 2026 aún persistían demoras en la inscripción de garantías y recuperación de activos.

Un caso testigo en el mercado

Más allá de su resolución judicial, el caso Metalcred se perfila como un precedente relevante para el mercado de fideicomisos financieros en Argentina. La combinación de desvíos operativos, inconsistencias en las cobranzas y presuntas irregularidades en la administración de fondos pone bajo la lupa los sistemas de control y gobernanza del sector.

La investigación penal en curso será clave para determinar si se trató de fallas de gestión o de conductas con responsabilidad criminal.