El intendente Pablo Javkin recorrió este martes por la mañana la ex zona franca de Bolivia, unas dos hectáreas costeras de Pellegrini al norte que fueron desafectadas de usos portuarios y los anuncios que allí hizo activaron un cortocircuito con autoridades provinciales.

"La ciudad durante mucho tiempo peleó por la recuperación de este espacio público. Esto implicó primero la recuperación de los terrenos, y estamos haciendo ahora una segunda etapa que es el desmonte de toda la chatarra y el desmantelamiento de galpones, que nos va a permitir gozar de este espacio que los rosarinos fueron ganando en esta franja habilitada con vista completa", anunció el jefe comunal.

“El peso de los galpones que se están desmantelando, junto al incendio que se dio en la zona el año pasado y las condiciones de abandono del predio, generaron riesgos de derrumbe e inestabilidad en el terreno”, agregó.

Atento la urgencia que genera el peso de la estructura del muelle luego de los incendios, y el impacto ambiental de la acumulación de la chatarra, la Municipalidad hizo un concurso de precios ad referéndum del Concejo para el desguace de los elementos existentes en el predio (restos de maquinarias, durmientes, elementos metálicos, chatarra en general) y remoción de los galpones (por el riesgo que su peso genera en la estructura del muelle).

Los elementos una vez reducidos se agrupan para que un camión los traslade a una balanza para la verificación de su peso. Las obras se adjudicaron a la empresa Provincias Unidas SRL, la cual debe abonar la diferencia entre el material retirado y los costos operativos y logísticos de los trabajos. El valor ofertado es de 15.000 pesos por tonelada.

Pero los anuncios del jefe comunal tomaron por sorpresa al Ente Administrador del Puerto de Rosario, que en las próximas horas hará público un comunicado al Palacio de los Leones para que la informe debidamente sobre el desmantelamiento de galpones.

Según aseguran en el organismo de control portuario, el ex gobernador Miguel Lifschitz le dio, por decreto, un permiso precario de uso al a Municipalidad (que, aclaran, también por decreto el gobernador Omar Perotti puede desafectar) y luego las anteriores autoridades del Enapro y de la Municipalidad firmaron un convenio también bastante difuso en el que, sostienen, se le cedieron a la Intendencia tareas mínimas de vigilancia y mantenimiento.

Según sostienen en el Enapro, la remoción de chatarra y el desmalezamiento eran tareas asignadas a los funcionarios locales, pero no el desmantelamiento de los galpones, que son de propiedad provincial, tarea que supone también un buen negocio para la empresa que lo haga y se quede con los materiales.

En el ente sostienen que, Javkin debería haber tramitado antes una autorización ya que se tratan de bienes de la Provincia. Y como telón de fondo, en el organismo causó malestar que la Municipalidad quiera avanzar en un proyecto propio para la zona cuando esos terrenos son del ente y si bien por la zona no habrá usos portuarios, el organismo sostiene que son fundamentales para el desarrollo de iniciativas de integración ciudad-puerto que deben ser definidos por consenso entre ambos, cuando –por el contrario- no fueron anoticiados de todas los planes municipales para esa zona costera.

Para evitar que este cortocircuito escale entre Provincia y Municipio, el titular del Enapro, Guillermo Miguel, convocará en breve a Javkin para intentar saldar el entredicho y pedirá que el Intendencia ajuste su accionar en la ex Zona Franca a lo que, entiende, es lo que dispone el permiso de uso precario que le otorgó la Provincia. Conocida la noticia por Rosario3, el intendente se comunicó con Miguel para desactivar el cortocircuito.