El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario pidió a la comisión de Salud del Concejo una audiencia para dialogar en torno a una intimación que había elevado a la Secretaría de Salud hace dos semanas, en torno a su preocupación por la prestación de los servicios en los efectores de la ciudad.
Serán recibidos en la semana entrante, a partir de que el asunto se discutió este lunes en la comisión entre los ediles, entre los cuales se encontraban concejales que realizaron una declaración de rechazo a la intimación, ante lo que planteaban como un pedido del sindicato a la Secretaría de Salud un cese de atención total a todo ciudadano que se acercara a un efector de salud con problemas de salud mental y de adicciones.
En la misiva, los concejales María Eugenia Schmuck, Nadia Amalevi, Ana Laura Martínez, Anahí Schibelbein, Mariano Roca y Lucas Raspall expresaban "su más enérgico rechazo a la nota presentada donde busca impedir que la salud municipal atienda a personas con consumos problemáticos y/o adicciones", por considerar que ese reclamo de los municipales estigmatiza a aquellos pacientes internados por
causas de padecimiento subjetivo.
En el pedido de audiencia a los ediles en la comisión de Salud, el gremio consideró que el contenido de esa declaración de ediles “no refleja con precisión la realidad ni el alcance de lo solicitado". Y aclararon luego: "Un intercambio directo permitirá aclarar los aspectos técnicos y administrativos involucrados, así como contribuir al tratamiento responsable y ajustado a la situación actual del personal municipal de salud".
En la intimación formal a la Secretaría de Salud, desde el gremio de municipales de Rosario instaron a “tomar medidas en 48 horas para preservar la salud física, mental y la integridad del personal” que presta funciones en los hospitales con internación: Carrasco, Alberdi, Roque Sáenz Peña y Heca.
En la intimación, reclamaron "la prohibición de nuevas internaciones en efectores municipales de pacientes con padecimientos mentales, conductas violentas o antecedentes penales, sin presencia permanente de profesionales del área de Salud Mental y sin custodia policial".
Además, reclamaron "derivación obligatoria" de esos tipos de pacientes "a efectores provinciales especializados", la "implementación urgente de un protocolo de atención interdisciplinaria y de seguridad con participación sindical y del Comité Mixto de Salud y Seguridad", entre otros puntos.
Entre las situaciones precisan que "se ven forzados a cumplir tareas de custodia o contención de pacientes peligrosos o con conducta violenta, asumiendo funciones de vigilancia que no les corresponden".
En torno a pacientes con antecedentes penales o en cumplimiento de condenas, reclamaron que "deben ser derivados a efectores provinciales especializados".
La posición de los concejales
En la reunión de la comisión de Salud este lunes, el concejal Lucas Raspall aseguró: “La nota intima a la Secretaría de Salud a adoptar medidas para preservar la salud física mental y la integridad del personal que presta funciones. Manifiestan que las condiciones laborales son inseguras. Quieren tomar medidas preventivas y abstenciones de tareas, como prohibición inmediata de internación de personas co. problemas mentales y conductas violentas o con antecedentes penales”. Agregó que desde su punto de vista “no es pertinente” el reclamo, porque “habla de prohibir inmediatamente las internaciones en efectores municipales de pacientes con padecimientos mentales, conducta violenta ó antecedentes penales”. Raspall repasó una serie de medidas que son implementadas por el municipio para garantizar condiciones adecuadas a los trabajadores de la salud, y subrayó que lo planteado en la nota del sindicato es contrario al espíritu de la Ley de Salud Mental. Reconoció que, "si bien pueden presentarse situaciones de crisis, las condiciones para el trabajo en la red municipal están dadas". La concejala Sabrina Prence sostuvo que esa postura “podría dejar a más pacientes y familias excluidos y sin saber a dónde recurrir, incluso en situaciones en las que se adopten todas las medidas posibles, pero aun así se produzcan crisis subjetivas que desbordan lo previsible. De todas maneras sería bueno escuchar como está trabajando Salud en los barrios, en el asunto, porque no están abordando la salud mental”. El concejal Caruana por su parte, destacó: “Va a ser importante recibirlos en audiencia. Siempre hay una tensión entre el Estado, los trabajadores y la población en su atención. La Ley de Salud Mental fue corolario de una construcción colectiva entre esos actores que la hicieron posible, entre ellos también el sindicato. El diálogo y construcción de procesos son un camino, sin interrumpir la atención, trabajar en las condiciones dignas de los trabajadores y el acceso de pacientes con sufrimiento subjetivo”. La presidenta de la comisión, Caren Tepp planteó debatir el asunto sin politizarlo: “Me preocupa que el problema se pueda recrudecer si nos ponemos de un lado o del otro. Tenemos que tender puentes para que no sume tensiones”. Fue entonces que las concejalas Anahí Schibelbein y Ana Laura Martínez dieron su apreciación y destacaron sobre su decisión de sumarse a la declaración. “Me parece grave la nota, rompe con una tradición de servicio de salud pública, especialmente en el ámbito de la salud. Es una preocupación que el sindicato de empleados de la municipalidad quiera romper con la política de atención en salud pública”, precisó Schilbelbein. Martínez, por su parte, expresó que “se ponen en un lugar de jueces e incluso contra los ciudadanos. Por supuesto que los empleados deben tener problemas en su trabajo. Hay que buscar soluciones sin que los pacientes sean puestos en el medio”. Fue entonces que Tepp confirmó que el lunes 10 de noviembre se reunirán con el sindicato, y agregó: “Si es necesario, luego armamos una audiencia con el Ejecutivo”. Finalmente, la concejala Fernanda Rey destacó que “hay que bregar por que los trabajadores tengan garantizada su seguridad y su integridad, a la vez que no cese la atención”.
