La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.
El debate comenzó con más de dos horas y media de retraso, después de que el Legislativo se reuniera durante toda la semana con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos, para discutir sobre el borrador del proyecto.
La diputada opositora Nora Bracho, vicepresidente de la comisión especial para la consulta pública del proyecto, afirmó al inicio del debate que esta ley “no es perfecta”, pero consideró que se trata de “un gran avance” y dijo que “mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos”.
Asimismo, aseguró que el interés de la fracción opositora es el cese de la persecución política en el país.
Por su parte, el presidente de la comisión, el chavista Jorge Arreaza, indicó que los artículos fueron “ampliamente discutidos” y que “hubo grandes consensos”, luego de las diferencias presentadas la semana pasada, cuando la AN aprobó de forma definitiva los primeros seis artículos de la legislación, que se enfocan en el objetivo de la amnistía.
Sin embargo, la discusión se trancó a partir del séptimo artículo, que establece que quienes quieran solicitar amnistía deben “ponerse a derecho”, es decir, presentarse ante tribunales y que se estudie su caso para determinar si les corresponde la amnistía, una medida que rechazan los diputados opositores.
Ante el desacuerdo, la discusión de la ley se aplazó para esta semana.
La parlamentaria Bracho dijo la semana pasada que el debate se aplazó porque los desacuerdos se extienden en varios de los artículos siguientes.
El segundo debate del proyecto se realizó con debates artículo por artículo, y es el último y necesario debate para sancionarlo como ley.
Tras su aprobación, el texto se enviará para la firma de la Presidencia y su promulgación.
