Concejales rosarinos se reunieron este lunes con legisladores provinciales y nacionales en Rosario para constituir una Mesa de Trabajo en la que sentaron su reclamo para destrabar la Ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad, ante el anuncio del presidente de la Nación, Javier Milei, de vetarla junto a los aumentos a jubilados, la moratoria previsional.
En el marco del anuncio del veto, la confluencia de diversos sectores políticos manifestó su rechazo a la decisión del presidente, y dio a conocer su “compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y trabajadores y trabajadoras del sector”.
El objetivo es coordinar acciones concretas frente a la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad, y articular estrategias para sostener y ampliar derechos en un contexto de creciente vulneración.
Forman parte de la mesa los legisladores nacionales Germán Martínez, Mónica Fein, Eduardo Toniolli (con adhesiones de Melina Giorgis y Roberto Mirabella); los legisladores provinciales Silvana Distefano, Sonia Martorano, Miguel Rabbia, Verónica Baró Graff, Lionela Catalini, Fabián Oliver, Carlos del Frade, Alejandra Rodenas y Varinia Drisun.
También los concejales Caren Tepp, Norma López, Verónica Irizar, Anahí Schibelbein, Marisol Bracco, Leonardo Caruana, Fernanda Gigliani, Julia Irigoitía, Lisandro Cavatorta, María Fernanda Rey, Lucas Raspall, Mariano Romero, y Alicia Pino.
El documento consensuado por los diversos legisladores estableció que “la norma sancionada por el Congreso de la Nación constituye una herramienta urgente y necesaria para garantizar derechos, sostener programas, y reforzar políticas públicas esenciales destinadas a las personas con discapacidad y a sus familias. Su veto implica un retroceso inaceptable en materia de inclusión, igualdad de oportunidades y protección social”.
Coincidieron luego con restituir la vigencia de la Declaración de Emergencia en Discapacidad, “entendiendo que la misma busca responder a la realidad crítica actual, donde la dificultad para acceder a las prestaciones básicas de salud, educación, transporte y acompañamiento terapéutico y a su vez la crisis económica y social profundiza la vulnerabilidad de este sector de la población”.
En tres puntos diferenciados, la grupalidad constituida en torno a este asunto declaró: “Rechazamos enérgicamente el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad; instamos al Poder Ejecutivo Nacional a promulgar y poner en vigencia inmediata la norma aprobada por amplia mayoría parlamentaria; y convocamos a la continuidad y fortalecimiento de esta Mesa de Trabajo inter jurisdiccional, a fin de coordinar iniciativas legislativas, articular con organizaciones de la sociedad civil y promover acciones concretas que garanticen el respeto y la ampliación de derechos de las personas con discapacidad”.
El disparador para convocar a la mesa de trabajo fue una jornada pública en defensa de los derechos de las personas con discapacidad el pasado 27 de junio, en la que participaron personas con discapacidad, familiares, profesionales del área y más de 50 instituciones vinculadas al sector.
Finalmente, expresaron que “el compromiso con las personas con discapacidad, sus familias, trabajadoras y trabajadores del sector no puede ser una consigna ocasional, sino una política de Estado sostenida en el tiempo, basada en la justicia social, la igualdad, la dignidad humana y la defensa de los Derechos Humanos”.
La prioridad debe ser garantizar derechos y acompañar a quienes más lo necesitan. Junto a concejales, diputados nacionales y provinciales y convencionales constituyentes, participamos de la Mesa de Trabajo por la Emergencia en Discapacidad. pic.twitter.com/hQXUitrFpX
— Vero Irizar (@VeroIrizar) August 11, 2025
