La Justicia federal ordenó una serie de indagatorias en una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el covid-19 durante la pandemia. La decisión fue tomada por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien apuntó contra exfuncionarios nacionales y empresarios por supuestas maniobras en el proceso de contratación.
Entre los citados a declarar se encuentra la exministra de Salud Carla Vizzotti, quien deberá presentarse en el marco de una ronda de 15 indagatorias que comenzará el próximo 19 de mayo y se extenderá hasta septiembre.
También fueron convocados el exsubsecretario de Gestión Administrativa Mauricio Monsalvo, el exdirector nacional de Enfermedades Transmisibles Juan Manuel Castelli, la exsubsecretaria de Medicamentos Sonia Tarragona y la exasesora presidencial Cecilia Nicolini.
En paralelo, la causa alcanza a figuras del ámbito privado, como el empresario Hugo Sigman, el infectólogo Pedro Cahn y representantes de compañías vinculadas a la provisión de vacunas.
Sospechas sobre la negociación con Pfizer
Según el dictamen fiscal, la investigación detectó posibles irregularidades en la forma en que el Estado argentino llevó adelante las negociaciones para adquirir vacunas en el período 2020-2021.
Stornelli sostuvo que, pese a que Pfizer había ofrecido dosis en una etapa temprana, con contactos iniciados en julio de 2020, el Gobierno de entonces no avanzó con ese laboratorio y, en cambio, priorizó acuerdos con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
Los contratos con esas vacunas se firmaron entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, mientras que las primeras entregas en volumen llegaron recién entre marzo y abril de ese año.
Para la fiscalía, si se hubieran impulsado las tratativas con Pfizer desde un inicio, el país podría haber accedido antes a una cantidad significativa de dosis en un momento crítico de la pandemia.
“Irregularidades de relevancia penal”
En su presentación, el Ministerio Público Fiscal advirtió que habría existido un direccionamiento en las decisiones oficiales. Según planteó Stornelli, los funcionarios involucrados “se habrían interesado en beneficiar” a determinados laboratorios (como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik) y a sus socios locales, incluyendo a quienes participaron en ensayos clínicos o en la producción de las vacunas.
Esa conducta, siempre de acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, habría implicado demorar deliberadamente las negociaciones con Pfizer en un contexto de emergencia sanitaria.
El fiscal consideró que los hechos podrían encuadrar en delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, remarcó que las demoras no fueron “cuestiones inocuas”, sino que habrían tenido consecuencias concretas: menos dosis disponibles en el momento más crítico y la pérdida de la posibilidad de contar con vacunas con mayor anticipación.
La causa seguirá su curso con las declaraciones indagatorias previstas para los próximos meses, mientras la Justicia intenta determinar si existieron responsabilidades penales en la estrategia de compra de vacunas durante la pandemia.
