La Unión de Libertades Civiles de Florida (ACLU) y Amnistía Internacional pidieron al gobierno estadounidense el cierre de la base naval estadounidense de Guantánamo, en el sureste de Cuba.

La ACLU y Amnistía Internacional, capítulo de Miami, reclamaron además la restitución del derecho de "habeas corpus" y de un proceso justo para los detenidos en esa base militar.

El "hábeas corpus" es una garantía adicional del acto de privación de libertad y consiste en un procedimiento para que la persona que considere que su detención es ilegal sea puesta inmediatamente a disposición judicial.

"Este gobierno continúa operando con el convencimiento de que está por encima de la ley", señaló hoy en un comunicado Howard Simon, director ejecutivo de la ACLU de Florida. "El imperio de la ley debe ser restablecido en Estados Unidos, empezando por arriba", apostilló Simon, quien expresó su rechazo al "mensaje" que "envía la Administración de EE.UU. al resto del mundo" y que hace un gran daño a los soldados que "juraron proteger nuestras libertades".

Sostuvo que el presidente estadounidense, George W. Bush, "ha asumido el poder de establecer juicios sobre lo que viola o no las convenciones de Ginebra", un "abuso de poder con poca o ninguna supervisión del Congreso o los tribunales".

En 2006, el Tribunal Supremo de EE.UU. dio el mayor revés judicial al gobierno de Estados Unidos desde el comienzo de la guerra contra el terrorismo al declarar ilegales las cortes militares especiales creadas para juzgar a los presos en la base de Guantánamo. El Tribunal Supremo dictaminó entonces que las comisiones militares constituidas por orden militar violaban la legislación estadounidense e internacional.

"Es responsabilidad del Congreso de EE.UU. revisar el poder del Ejecutivo", dijo Brandon Hensler, portavoz de la ACLU, quien apuntó: "nuestros representantes electos estaban dormidos cuando se pasó el Acta de Comisiones Militares".

Los estadounidenses, agregó Hensler, quieren un Gobierno que represente sus valores: "libertad, imparcialidad y el imperio de la ley", valores que "esta Administración ha violado una y otra vez". Según Hensler, los sospechosos de ser combatientes enemigos deben ser "perseguidos y acusados", pero rechazó el "trato inhumano" infligido a los prisioneros que ha posibilitado el Acta.

"La superpotencia del mundo (EE.UU.) necesita dirigir los derechos humanos y no proporcionar excusas para que otras naciones los violen", acotó Jessica Carvalho, de Amnistía Internacional.

Fuente: EFE