El acoso laboral genera una desestabilización psíquica de la víctima de acoso moral, con el consiguiente riesgo de derivar en problemas físicos severos o irreversibles. Estas situaciones de estrés laboral tienden a acumularse y prolongarse en el tiempo.
Desde la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el abogado Daniel Cieza, junto a un equipo de trabajo, se planteó como objetivo determinar cuáles son las categorías laborales más vulnerables al mobbing, a partir de la identificación de las características de las víctimas más frecuentes del maltrato en su espacio laboral. Se observó que los empleados públicos, los delegados y activistas sindicales, las mujeres, los jóvenes y los asalariados con perfiles de mayor independencia o autonomía son las víctimas más frecuentes del mobbing.
Una de las primeras hipótesis de los investigadores fue que, como consecuencia de la instauración de la última dictadura cívico-militar, los sindicatos quedaron en una situación de debilidad, en medio de una política de flexibilización y precarización laboral. Este panorama se recrudeció en la década del noventa, en la que las condiciones del mercado laboral se caracterizaron por una elevada desocupación de masas, lo cual facilitó el incremento del mobbing.
Al respecto, Cieza indicó que su grupo de investigación partió “de un marco teórico a partir del cual se concibe a la violencia como una relación social. Depende, básicamente, de dos poderes y dos fuerzas sociales asimétricas. Dentro del mundo del trabajo tenemos, por un lado, a la patronal y, por el otro, a los trabajadores. La idea es que sólo si existe un actor capaz de frenar la violencia o los excesos de las empresas, que serían los sindicatos, se puede neutralizar o reducir este problema”.
Ante una ausencia de los sindicatos como actor social que defienda los derechos de los trabajadores, se dan las condiciones favorables para que se presenten casos de violencia moral o mobbing. “También contemplamos la hipótesis de que en la administración pública había un alto grado de violencia laboral. En un principio, trabajamos con gremios estatales de la zona y luego sumamos a otros privados, como el que nuclea a los empleados de comercio”, sostuvo el investigador.
El equipo de investigación comprobó que, en la mayor parte de los casos, el acoso laboral se evidencia en un maltrato cotidiano hacia determinados trabajadores. Pero el mobbing también puede manifestarse cuando no se le dan órdenes claras a un empleado o se producen cambios de tareas que no cuentan con la debida justificación. Es posible, asimismo que, dejando de lado su nivel formativo, no se asignen trabajos acordes a la capacitación de la víctima de acoso laboral, sin respetar, incluso, un ascenso u orden jurídico.
De esta manera, se ve afectada la dignidad del trabajador, dado que perjudica su integridad física, psicológica y moral. Los malos tratos en el ámbito laboral pueden evidenciarse en las formas sutiles de persecución, injurias, amenazas, aislamiento, descalificación, violación de la intimidad, difamación, falsa denuncia, afectación a tareas irrelevantes, quita de personal, discriminación, utilización de influencias o indiferencia a sus reclamos.
Cieza sostuvo que “la administración pública se presta para situaciones de mobbing, porque un trabajador público tiene la posibilidad de hacer toda una carrera”. Los investigadores pudieron comprobar que en un ministerio a nivel nacional, en una misma oficina y para una misma tarea, existen cinco formas de contratación distintas, con diferentes sueldos y con algunos trabajadores en relación de dependencia y otros no. “Un pequeño porcentaje pertenece a planta permanente, una fracción un poco mayor tiene planta transitoria, otros empleados tienen contrato de locación de servicio, luego están los contratos con financiación de organismos internacionales, como el Banco Mundial, y también están los denominados entes cooperadores o fundaciones, que deriva al Estado trabajadores que contrata. Esto origina una gran heterogeneidad”, explicó Cieza.
Fuente: UNLP
Desde la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el abogado Daniel Cieza, junto a un equipo de trabajo, se planteó como objetivo determinar cuáles son las categorías laborales más vulnerables al mobbing, a partir de la identificación de las características de las víctimas más frecuentes del maltrato en su espacio laboral. Se observó que los empleados públicos, los delegados y activistas sindicales, las mujeres, los jóvenes y los asalariados con perfiles de mayor independencia o autonomía son las víctimas más frecuentes del mobbing.
Una de las primeras hipótesis de los investigadores fue que, como consecuencia de la instauración de la última dictadura cívico-militar, los sindicatos quedaron en una situación de debilidad, en medio de una política de flexibilización y precarización laboral. Este panorama se recrudeció en la década del noventa, en la que las condiciones del mercado laboral se caracterizaron por una elevada desocupación de masas, lo cual facilitó el incremento del mobbing.
Al respecto, Cieza indicó que su grupo de investigación partió “de un marco teórico a partir del cual se concibe a la violencia como una relación social. Depende, básicamente, de dos poderes y dos fuerzas sociales asimétricas. Dentro del mundo del trabajo tenemos, por un lado, a la patronal y, por el otro, a los trabajadores. La idea es que sólo si existe un actor capaz de frenar la violencia o los excesos de las empresas, que serían los sindicatos, se puede neutralizar o reducir este problema”.
Ante una ausencia de los sindicatos como actor social que defienda los derechos de los trabajadores, se dan las condiciones favorables para que se presenten casos de violencia moral o mobbing. “También contemplamos la hipótesis de que en la administración pública había un alto grado de violencia laboral. En un principio, trabajamos con gremios estatales de la zona y luego sumamos a otros privados, como el que nuclea a los empleados de comercio”, sostuvo el investigador.
El equipo de investigación comprobó que, en la mayor parte de los casos, el acoso laboral se evidencia en un maltrato cotidiano hacia determinados trabajadores. Pero el mobbing también puede manifestarse cuando no se le dan órdenes claras a un empleado o se producen cambios de tareas que no cuentan con la debida justificación. Es posible, asimismo que, dejando de lado su nivel formativo, no se asignen trabajos acordes a la capacitación de la víctima de acoso laboral, sin respetar, incluso, un ascenso u orden jurídico.
De esta manera, se ve afectada la dignidad del trabajador, dado que perjudica su integridad física, psicológica y moral. Los malos tratos en el ámbito laboral pueden evidenciarse en las formas sutiles de persecución, injurias, amenazas, aislamiento, descalificación, violación de la intimidad, difamación, falsa denuncia, afectación a tareas irrelevantes, quita de personal, discriminación, utilización de influencias o indiferencia a sus reclamos.
Cieza sostuvo que “la administración pública se presta para situaciones de mobbing, porque un trabajador público tiene la posibilidad de hacer toda una carrera”. Los investigadores pudieron comprobar que en un ministerio a nivel nacional, en una misma oficina y para una misma tarea, existen cinco formas de contratación distintas, con diferentes sueldos y con algunos trabajadores en relación de dependencia y otros no. “Un pequeño porcentaje pertenece a planta permanente, una fracción un poco mayor tiene planta transitoria, otros empleados tienen contrato de locación de servicio, luego están los contratos con financiación de organismos internacionales, como el Banco Mundial, y también están los denominados entes cooperadores o fundaciones, que deriva al Estado trabajadores que contrata. Esto origina una gran heterogeneidad”, explicó Cieza.
Fuente: UNLP
