La implementación de la reforma procesal penal en Santa Fe volvió a generar polémica en las últimas horas. El Colegio de Magistrados de la provincia –a través de un comunicado– y el integrante de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez –en diálogo con la prensa– cuestionaron la forma de llevar a cabo esa modificación estructural por parte del gobierno de Hermes Binner, y salieron a pedir más presupuesto para la Justicia.

El gobierno de la provincia, a través del secretario de Seguridad, Roberto Vicente, respondió que las resistencias del Poder Judicial tienen "intencionalidad política" y son “desleales”. En tanto, un experto en temas judiciales y procesales, sostuvo que el sistema que se viene en Santa Fe es “transparente” y mucho más eficaz y económico que aquel que rigió en los últimos años.

Alfredo Pérez Galimberti, es defensor de Cámara y miembro del equipo penal para la reforma procesal en la provincia del Chubut, donde se realizó un cambio similar al que se intenta aplicar en Santa Fe y que genera rechazos de la corporación judicial.

El experto analizó la lógica de las críticas en que “tenemos 800 años de cultura inquisitiva”. El nuevo Código Procesal Penal propone un régimen oral que reemplaza el actual sistema escrito, agilizando los tiempos del proceso. Además, cambia las responsabilidades de jueces y fiscales en la investigación de los casos y da más relevancia a la figura de víctima.

Pérez Galimberti recordó que en la provincia de Chubut existian “jueces encerrados en oficinas escribiendo sentencias con 15 empleados”. “Ahora, en cambio, los jueces no tienen empleados y sólo se dedican a tomar decisiones. Se necesitan menos insumos y se otorga economía al proceso”, relató el especialista en contacto con el programa Radiópolis de Radio 2.

Otra de las bondades que indicó el chubutense es que con el sistema oral para los procesos penales “hay una transparencia y se cumple el principio de publicidad porque está la prensa en los juicios y porque también la gente sabe lo que los jueces piensan del derecho y puede ver lo que hacen los funcionarios a los que paga”.

“Lo que se pretende es que la población pueda acudir a las salas de Justicia”, manifestó Pérez Galimberti.

El experto analizó que al existir nuevos mecanismos para bajar el nivel de litiogisidad se impide la llegada de tantas causas a los saturados fueros penales. “Es imposible satisfacer todos los conflictos bajo el sistema penal porque nos comeríamos el presuepuesto en Salud y Educación en poco tiempo”, analizó el defensor de Cámara.