La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley que establece que las escuelas privadas que reciben subsidio del Estado no puedan despedir a los trabajadores docentes sin invocación de causa.

Hasta ahora la práctica el Servicio Provincial de Enseñanza Privada sólo se limita a exigir el cumplimiento del pago de las indemnizaciones ante el despido de un docente. La inciativa, que deberá ser tratada por el Senado, busca desalentar los despidos sin causa.

El derecho a percibir el aporte estatal no es absoluto ni automático. La Ley 6427 establece parámetros que las entidades deben cumplir para acceder a sus beneficios y sanciona con la pérdida del mismo diversas acciones que configuran incumplimientos a lo normado.

En este sentido, la inciativa tiende a suprimir despidos injustos cuya fundamentación pueda evadirse mediante el pago de una indemnización indirectamente favorecida por la existencia del aporte estatal.

El diputado provincial del PJ Luis Rubeo, impulsor del proyecto, señaló que la normativa "no altera ni cuestiona la potestad de los titulares de establecimientos educativos privados de administrar y dirigir los establecimientos de los que son parte como así tampoco se afecta el presupuesto del Servicio Provincial del Enseñanza Privada”.

En la actualidad la educación privada en la provincia de Santa Fe contiene a 230.000 alumnos y 22.000 docentes titulares repartidos en 840 establecimientos de los cuales aproximadamente 630 reciben aportes del 100 por ciento.

Finalmente el presidente de la Cámara sostuvo que “lo planteado en esta iniciativa beneficia al interés general, mejora la calidad educativa, e impone una carga razonable a instituciones que reciben aportes para colaborar con su tarea educativa”.